La famosa y controvertida ‘enmienda Florentino’ tiene los días contados. El grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado, cámara legislativa donde tambiíén tiene mayoría absoluta, dos enmiendas para recuperar las limitaciones de voto en las empresas cotizadas, una herramienta de blindaje para dificultar la entrada de socios no deseados, que el anterior Gobierno del PSOE eliminó en julio de 2010 con la modificación de la Ley de Sociedad de Capital, aprobada por Real Decreto con el apoyo de CiU. Entonces, la pugna que todavía mantienen ACS-Iberdrola o la ya dirimida entre Sacyr-Repsol figuraron como telón de fondo de la reforma. Ahora, sin embargo, todo se achaca a la indefensión provocada por la crisis.
Sólo dos años despuíés de que los blindajes accionariales fueran eliminados por ley y tan sólo un año despuíés de que este cambio entrara en vigor, el Partido Popular (que se abstuvo en la modificación de la Ley promovida por el PSOE) vuelve a dar marcha atrás y recupera la figura de las limitaciones de voto, "que quedarán limitadas cuando tras una oferta pública el oferente haya alcanzado un porcentaje igual o superior al 70%". De esta manera, el partido en el Gobierno accede al ruego de una gran mayoría de las empresas cotizadas del Ibex 35, que han visto cómo la depreciación de su valor bursátil las ha dejado expuestas al albur de cualquier oferta hostil de un inversor extranjero.
Este sentir de alerta era generalizado dentro del gran empresariado español. El desplome bursátil ha dejado a las grandes empresas españolas en una situación vulnerable. Cómo demuestran los números, sólo en lo que va de año el Ibex 35 pierde un 29% de su valor. El resultado es que las principales empresas cotizadas tienen una capitalización global de 297.000 millones de euros, un tercio menos que hace seis meses. Esta deriva ha provocado que sólo queden ocho compañías con un valor bursátil superior a los 10.000 millones de euros, mientras que las que capitalizan menos de 1.000 millones ya alcanzan la decena. Ante esta coyuntura, el riesgo de oferta hostil está a las puertas de cualquier inversor con dinero.
Como reconocía el presidente de unas de las empresas del Ibex 35 hace sólo unos días, "a estos niveles de cotización hay un riesgo evidente. El Gobierno debería imitar a Italia y blindar a las compañías estratíégicas, como las de sectores como defensa, energía, transportes y comunicaciones limitando los derechos de las empresas extranjeras. Al menos hasta que el país recupere la normalidad". Pues dicho y hecho. Para satisfacción de una mayoría de las grandes empresas, una vez que las enmiendas presentadas por el PP en el Senado para modificar la Ley de Sociedades de Capital de 2010 y la Ley del Mercado de Valores de 1988 sean aprobadas, el escudo de los blindajes será de nuevo una realidad en el derecho societario.
A la hora de articular legislativamente la figura del blindaje accionarial, el PP ha preferido recuperar la herramienta de las limitaciones de votos en lugar de recurrir a la transaccional que presentó en julio de 2010 con motivo de la aprobación de la 'enmienda Florentino'. Entonces, como fuerza mayoritaria de la oposición, los populares propusieron que se otorgara una concesión al Ministerio de Industria de un derecho de "verificación" para aquellos casos en los que un inversor extracomunitario se hiciera con el 25% de los derechos de voto de una compañía española. Sin embargo, el pacto PSOE-CiU sacó adelante la medida original, que sólo contó con los votos en contra de PNV y ERC-IU-ICV.
Buenas noticias para Iberdrola, Repsol y Telefónica
De manera indirecta, este cambio legislativo vuelve a suponer un cambio en la relación de fuerzas en el pulso que mantiene la constructora ACS por participar en la gestión y control de Iberdrola. El culebrón protagonizado por Florentino Píérez, presidente y accionista de la constructora, e Ignacio Sánchez Galán, su homólogo y rival al frente de la energíética, ha llegado hasta el Tribunal Supremo a cuenta de la políémica 'enmienda Florentino', un cambio legislativo que facilitaría que ACS y Sacyr, en gran medida, pudieran controlar Iberdrola y Repsol al obligar a estas empresas a abolir los blindajes que no permitían a cualquier accionista a votar por más del 10% del capital aunque fuese dueño de un porcentaje mayor.
El cambio en ciernes impulsado por el PP se antoja tan importante como el realizado entonces por el PSOE. A los seis meses de la aprobación del real decreto, ACS llegó a alcanzar el 20% de Iberdrola, aunque no podía votar en una junta general por más del 10% de sus derechos accionariales. La resistencia judicial de la elíéctrica ha conseguido demorar los planes de la constructora, que urgida por sus dificultades financieras ha tenido que diluirse hasta el 15% ante la imposibilidad de hacer efectiva su inversión. Mientras tanto, en los últimos meses, la compañía energíética ha realizado destacadas incorporaciones de profesionales próximos al partido en el Gobierno, como es el caso de íngel Acebes, exministro del Justicia e Interior, e Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal.
Lo mismo le pasaba a Sacyr en Repsol con una participación idíéntica. Aunque la petrolera ha eliminado su blindaje una vez que el pulso con su accionista desapareció tras la salida de Luis del Rivero al frente de la constructora, las enmiendas presentadas por el PP parecen acordarse de su particular situación tras la expropiación de YPF. Así, en la propuesta de modificación de la Ley del Mercado de Valores de 1988, se añaden varios apartados a su articulado según los cuáles será necesaria la opinión de un experto independiente para el caso de que concurra una oferta por una compañía sobre la que durante dos años anteriores hayan existido "acontecimientos excepcionales" que pudieran haber afectado al valor de la compañía, como "expropiaciones, confiscaciones" u otras situaciones.
La otra gran compañía del Ibex 35 que mantenía vigentes las limitaciones de voto a pesar de su eliminación era Telefónica. La operadora presidida por Cíésar Alierta, que fichó hace unos meses para su equipo jurídico a Iván Rosa, marido de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se resguardaba de cualquier inversor que tuviera intenciones de lanzarle una oferta no pactada, a pesar de que la CNMV le pidiera explicaciones por mantener dichas barreras proteccionistas, decisión que la multinacional justificó "por ser una medida que tiene por finalidad la búsqueda de un adecuado equilibrio y protección de la posición de los accionistas minoritarios".
