Por... Julio Semmoloni
Desde el mismísimo 25 de Mayo de 2003, lo que más atrae a la mayoría de los argentinos que adhiere con mayor o menor fervor al proyecto político en vigencia, es la sucesión infatigable de “golpes de efecto†capaces de producir cambios notorios en el ánimo y la realidad social del país. “Golpes de efecto†que tambiíén paradójicamente son los que más desconciertan a los sectores que antagonizan con el Gobierno, puesto que les modifica constantemente el paradigma político y la agenda de prioridades. Toda la potencia de la actual gestión, además de su indiscutida coherencia, se tonifica con el impacto que provoca esa determinación a menudo ajena a planes prestablecidos -ya que hace camino al andar-, y que encuentra solvencia en la articulación de reiteradas decisiones audaces, porque el fin superior, el objetivo central de su propósito transformador ha sido desde el principio inequívocamente señalado: aminorar las desigualdades, mejorar la calidad de vida y ampliar los derechos de todos.
El Programa de Críéditos Argentina Bicentenario (Pro.Cre.Ar) para la Vivienda íšnica Familiar es un compromiso gubernamental de gran impacto social y económico, que no se propone acabar con el díéficit crónico habitacional, pero intenta paliar un flagelo de larga data que aún no se había atendido debidamente. El otorgamiento de cien mil críéditos durante el primer año, a travíés del Banco Hipotecario Nacional, para la construcción de otras tantas viviendas familiares, permite calcular que aproximadamente unas 400 mil personas necesitadas de la casa propia podrán hacer realidad su sueño. Se trata de una reacción política oportuna y muy bien dirigida para atacar la desaceleración de la actividad industrial, que en tíérminos generales atenta contra el proceso de crecimiento sostenido con inclusión social llevado adelante por nueve años.
Una vez más este modelo heterodoxo encuentra la herramienta que no sólo le sirve para capear el temporal, sino que introduce un renovado impulso para estimular la expectativa de amplias franjas de bajos y medianos ingresos que no han tenido la posibilidad crediticia para construirse la casa propia.
Si bien la medida aparenta ser improvisada y efectista –de hecho algún prejuicioso desde las antípodas ideológicas podrá sugerirlo-, en rigor es sorpresiva y eficaz, es decir, de índole muy diferente. Por lo pronto, si se hubiera incurrido en una improvisación, esto indicaría que carece de un estudio previo de la situación; a su vez, si fuese efectista sólo podría ocasionar un resultado efímero.
El propio acto de lanzamiento del Programa dio cuenta de otros parámetros, pues quedó evidenciado que se basa en el desarrollo de una estudiada operatoria y cuya ejecución fáctica se prolonga al menos por cuatro años. Tanto Axel Kicillof, viceministro de Economía, como Diego Bossio, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), demostraron que la iniciativa se apoya en recursos suficientes y tangibles (provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el Tesoro Nacional), y además explicaron con argumentos verificables los beneficios a mediano y largo plazo que proporcionará a la industria de la construcción, tanto en materia de empleo como en la reanimación de actividades vinculadas directamente con el sector que aporta insumos imprescindibles. El conocido efecto multiplicador de la economía que produce la construcción cuando trabaja a pleno exime de otras especulaciones.
El reflejo contracíclico del Gobierno vuelve a funcionar. Es una decisión que le sale al cruce a la crisis internacional, cuyos efectos más dañinos están siendo verificables en los últimos meses. Como durante 2009, de nuevo se intentará preservar las fuentes de trabajo y el poder adquisitivo de los salarios, pilares que sostienen el actual crecimiento económico con inclusión social, tan elogiado como modelo a imitar por parte de algunos economistas heterodoxos de prestigio mundial.
Esta medida permite de manera iníédita que los sectores de medianos ingresos que han venido manteniendo el alto consumo interno de los últimos años, por fin encuentren la alternativa financiera para levantar su vivienda en el terreno que se adquirió en su momento con ese objeto. Al atender las necesidades de la población de medianos ingresos –rara vez considerada en políticas habitacionales de otras íépocas-, tambiíén se le da curso genuino al interíés inversor no especulativo de una franja social con capacidad de ahorro. Se trata de sectores medios cuyos recursos salariales se incrementaron en más de un 500 por ciento en estos nueve años, pero que no habían podido acceder a las facilidades crediticias que le posibilitaran cumplir con la máxima aspiración de la movilidad social ascendente: la casa propia adecuada.
Por lo que puede saberse hasta ahora, en principio se inyectarán unos 20.000 millones de pesos a la economía, un estímulo de inversión que promoverá la reactivación de uno de los rubros más dinámicos en la producción de bienes, lo cual permitirá asegurar la estabilidad de la mano de obra actual y favorecerá la creación de alrededor de 200 mil nuevos puestos de trabajo, directa o indirectamente relacionados con el sector. Sin embargo, todavía no sería correcto definirlo como un programa ambicioso: en parte, porque sólo es un paliativo a una carencia social grave y extendida, y tambiíén porque no conocemos los detalles de la proyección final que tendrá el Programa en su conjunto.
Durante su lanzamiento se mencionó que abarcará todo el período presidencial de Cristina Fernández, por lo que las cifras relativas al monto de la inversión y a la cantidad de viviendas a construir durante el primer año podrían cuadruplicarse en el acumulado hasta 2015.
Se estima sin demasiada precisión que para cubrir el díéficit habitacional del país sería necesario levantar alrededor de tres millones de viviendas. A fin de poner en contexto este dato, cabe indicar que la obra pública total destinada a soluciones habitacionales durante los últimos nueve años, acumuló poco más de 907.000 casas. El concepto “soluciones habitacionales†comprende a viviendas enteramente nuevas, y a las ya existentes que fueron ampliadas, reparadas y/o mejoradas. Según una reciente información oficial dada a conocer por Axel Kicillof el día del anuncio, el último número duplica el registrado en la díécada precedente al actual período kirchnerista.
A modo de conclusión, podría inferirse que los gobiernos de Níéstor Kirchner y Cristina Fernández se han ocupado de resolver este añoso flagelo con mayor ahínco que las anteriores administraciones de las últimas tres díécadas y media, por lo menos. No obstante es mucho más lo que queda por hacer que lo ya hecho.
Y en este sentido el Programa en marcha entraña un riesgoso desafío: al tiempo que despierta un enorme entusiasmo (el primer día se registró medio millón de consultas y se concedieron 75.000 turnos de atención), no podrá hacerse cargo de satisfacer una demanda tan postergada que seguramente ocasionará no pocas frustraciones en el corto y mediano plazo.
