Economía no quiere prolongar más las dudas que se ciernen sobre la solvencia de la banca española. A pesar de que existía una petición para retrasar hasta despuíés del verano la fecha de entrega del análisis que están realizando las cuatro grandes auditoras sobre el sector bancario, el ministerio ha decidido mantener el plazo previsto: el 31 de julio.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, tuvo ayer una agitada jornada en las postrimerías de la cumbre del G-20, en Míéxico. Desde España, llegaron informaciones sobre una petición formal para retrasar la auditoría que se está realizando sobre el 90% del sector financiero español. El argumento manejado por las firmas contratadas para este propósito (PwC, Deloitte, Ernst & Young y KPMG) es que el plazo otorgado, que concluye el 31 de julio, era insuficiente para analizar la cartera crediticia de tantos bancos y cajas.
Esta demanda -que tan solo estaba suscrita por alguna de las cuatro firmas- recibió una primera impresión favorable por parte del Banco de España y los responsables del FMI y Bruselas, que están supervisando el proceso de reestructuración del sector. Consideraban aceptable que las auditoras pudieran presentar sus análisis en septiembre.
Sin embargo, a lo largo de la jornada de ayer el equipo de Guindos decidió salir al paso y confirmar rotundamente la fecha inicial. "Se mantienen los plazos de los dos ejercicios a los que se está sometiendo al sector bancario español", explica ayer a última hora de la tarde un portavoz de Economía.
Durante la mañana, un alto funcionario de la Comisión Europea, citado por la agencia Europa Press, había dado por buena la decisión de retrasar hasta septiembre la entrega de los trabajos de las auditoras. "Si es dos semanas más tarde pero más en profundidad, lo preferimos", alega.
La decisión de Economía de rechazar la petición de las auditoras y confirmar el calendario previsto se precipitó despuíés de que en la cumbre del G-20 se pidiera a España "claridad y rapidez" en el rescate a la banca. De hecho, fuentes gubernamentales apuntaron desde Míéxico que se formalizará la petición de ayuda esta misma semana.
La labor de las cuatro grandes auditoras (conocidas como las big four) consiste en estudiar si cada uno grupo analizado tiene correctamente contabilizada su cartera de críéditos. En concreto, están valorando si han computado como críéditos sanos, algunos que deberían estar calificados como dudoso o subestándar (es decir, con riesgo objetivo de impago). Tambiíén verifican si hay algún príéstamo contabilizado como críédito a empresa no promotora, que realmente sí está destinado a una compañía que tiene esta finalidad, y que requiere mayores provisiones.
El resultado final del trabajo de las auditoras se combinará con las pruebas de resistencia que están realizando las consultoras Roland Berger y Oliver Wyman sobre el conjunto del sector, a la hora de establecer las necesidades específicas de capital de cada banco o caja.
El trabajo de estas dos firmas se entregará mañana al Banco de España. Algunas fuentes han indicado que este ejercicio de estríés de las carteras crediticias arrojará un díéficit de capital de hasta 70.000 millones de euros. Este primer análisis servirá como base para concretar la petición de ayuda al Eurogrupo para recapitalizar a la banca española. El vehículo que Bruselas utilizará para canalizar la inyección de dinero para los bancos aún no se ha concretado. España está presionando para que la ayuda llegue directamente a los bancos y evitar que la inyección de fondos aumente la deuda pública. La mayoría de los Estados miembros se opone.
Hasta 150.000 millones de euros tras el test de estríés y la auditoría
Pocos expertos se atreven a aventurar cuál será el resultado conjunto de las pruebas de resistencia que mañana se entregarán al Banco de España y el análisis detallado de la cartera crediticia que están desarrollando las cuatro grandes auditoras. Las cifras que empiezan a circular en el sector marean. En el primer análisis, se asume que las necesidades de capital que se detectarán para el conjunto del sector pueden alcanzar los 70.000 millones de euros. Para la segunda parte del análisis, esta cifra podría repetirse, e incluso aumentar. En conjunto, la banca española podría tener que hacer frente a provisiones y recapitalizaciones por importe de 150.000 millones de euros.
El ritmo de deterioro de las carteras de críéditos y de los activos adjudicados es lo que más preocupa a los analistas. En los primeros meses de 2012, el volumen de activos dudosos reconocidos ante el Banco de España ha crecido a una tasa de 3.500 millones de euros al mes.
Una prueba que sacará a la luz los malos controles internos
Los análisis que están llevando a cabo las cuatro grandes auditoras pondrán de relieve los fallos en los controles internos de cada entidad. A diferencia del trabajo de Oliver Wyman y Roland Berger, que supone una prueba de resistencia para la cartera crediticia del conjunto del sector, en el caso de las auditoras su labor consiste en revisar cómo se clasificaron los diferentes príéstamos que tienen bancos y cajas en su balance.
"Las entidades que hayan tenido controles de auditoría muy exigentes afrontan la labor de los auditores si ningún temor", explican desde el departamento de riesgos de una gran entidad financiera nacional.
Aquellos bancos y cajas que tuvieran no hayan abusado de la refinanciación de críéditos a promotores para esconder críéditos dudosos, no deberían tener ningún problema. En cambio, aquellas que hayan sido demasiado beníévolas, como fue el caso de Bankia, se verán obligadas a realizar fuertes provisiones.
Las cifras
14 grupos financieros españoles están siendo analizados exhaustivamente por las cuatro grandes auditoras.
70.000 millones es el díéficit de capital máximo que arrojará la prueba de resistencia a la que está siendo sometido el conjunto de la banca española. La cifra podría aumentar tras conocer las auditorías.
