España dispondrá de 20 años para devolver el eurocríédito de hasta 100.000 millones de euros que pidió ayer a Europa para sanear a la banca. Habrá cinco años de carencia -el ministro de Economía, Luis de Guindos, había pedido diez- durante los cuáles sólo se pagarán los intereses de la deuda, aplazando la amortización del capital, que no se empezará a devolver hasta 2017. A partir de entonces, habrá 15 años para satisfacer el príéstamo.
"Lo que se discute ahora son los plazos de vencimiento, de devolución, y los tipos de interíés a pagar, como cualquier familia que pide un críédito al banco", aseguró el ministro de Asuntos Exteriores, Josíé Manuel García-Margallo, cuando se le preguntó por las condiciones del rescate bancario, que, en teoría, deben estar pactadas y cerradas antes del próximo 9 de julio.
El problema de España es que no ha pedido un príéstamo normal, sino uno tan elevado que, aunque la petición de ayuda se vaya haciendo de forma gradual, de acuerdo con las necesidades, las condiciones para su devolución resultan de vital importancia para que no se convierta en una losa demasiado pesada para nuestro economía.
El pasado viernes, Guindos mostró su confianza en que el príéstamo se mueva en parámetros similares a los de otros países y que, por lo tanto, tenga un plazo de amortización de al menos 15 años -el Gobierno reconoce ya que los 30 años de los que se habló en un principio son utópicos-, con un tipo de interíés que se movería entre el 3 y el 4 por ciento.
Aunque sean sólo cinco años, la firma del plazo de carencia es una condición fundamental para no ahogar a la economía. "Es un periodo de gracia que permitiría al país recuperarse y lograr tasas de crecimiento suficientes como para empezar a devolver el principal dentro de cinco años en una situación en teoría mucho más cómoda", explica Fernando Míéndez Ibisate, profesor de Economía de la Universidad Complutense.
Crecimiento
Pero, ¿a quíé ritmo necesita crecer nuestro país para poder pagar el críédito sin sufrir una situación de asfixia financiera? "La fórmula para que la deuda sea sostenible radica en que el crecimiento económico, teniendo en cuenta la inflación, sea superior al tipo de interíés que se ha pactado", asegura Josep Lladós, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Ahora mismo, en una situación de recesión, hasta un 3 por ciento podría resultar así una tasa demasiado alta, pero dentro de 5 años la cosa debería ser, en teoría, completamente distinta. "Se supone que con una inflación del entorno de un 2 por ciento, nos bastaría con crecer al menos un punto de forma anual para no tener problemas, con lo que muy mal tendría que estar la situación para que a partir de 2017 no pudiíéramos pagarlo sin problemas", insiste Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Freemarket International.
Lo más importante es que si Europa acepta este periodo de carencia, el plazo de amortización posterior sería, además, lo suficientemente amplio. Sería un colchón importante para los tres bancos nacionalizados que se encuentran ahora mismo en una situación más crítica y que necesitan una inyección urgente de capital -Bankia, NovaGalicia y Catalunya Caixa-, pero tambiíén para todos aquellos que necesiten apoyo exterior.
No hay que olvidar que aunque es el Estado el que actuará como garante de la devolución, son las propias entidades las que tienen que devolver el dinero. De hecho, el Gobierno no descarta todavía que la ayuda se haga de forma directa a las entidades y no a travíés del Frob (Fondo de Garantía de Depósitos), como se dijo en un principio.
En cualquier caso, "habrá tiempo de sobra para poder sanear la banca con garantías y que no tenga que haber una liquidación desordenada de sus activos tóxicos en el sector inmobiliario", aseguró Rubíén Manso, inspector en excedencia del Banco de España.
Una cuestión de preferencia
Más allá de los plazos, hay otro punto fundamental en la negociación: establecer si el fondo de rescate tiene o no la condición de acreedor preferente. Hay que tener en cuenta que el fondo temporal existente en la actualidad no tiene ese carácter privilegiado, pero tanto Alemania como Francia pretenden que el críédito se articule a travíés del nuevo Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), que entra en vigor el 1 de julio y sustituye al anterior.
Y si es así la cosa cambia, porque sí que habría un trato preferencial. Eso podría provocar el rechazo de los inversores a comprar deuda española ante el temor de un default, con lo que la prima de riesgo se dispararía. El ministro de Economía pretendía que hasta que esto no quedara resuelto no se pidiera formalmente el rescate y por eso lo ha ido aplazando. Pero la presión europea ha podido más y ayer realizó la solicitud formal. Y la renuncia a la preferencia no está garantizada.
