Por... Carlos Góes
El mes pasado, noticias sobre huelgas nacionales han ocupado un lugar destacado en la prensa brasileña. Los profesores y tíécnicos de las universidades federales detuvieron su trabajo. Lo mismo ocurrió con los servidores de la educación tíécnica y profesional. Incluso los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores —funcionarios administrativos y algunos diplomáticos— que tradicionalmente no van a la huelga, se cruzaron de brazos. Esto no es un fenómeno temporal. De acuerdo con DIEESE, servicio estadístico de las centrales sindicales, el número de huelgas del sector público aumentó en un 138% entre 2007 y 2011.
Uno creería que tal aumento es el resultado de una depresión o estancamiento de los salarios del sector público. Sin embargo, las estadísticas del gobierno federal muestran un fuerte incremento de 28,2% en los salarios reales —es decir, ya ajustados a la inflación— del sector público desde 2003. De hecho, los aumentos de salarios fueron seguidos por un aumento en el número de huelgas. El comportamiento de los sindicatos apunta no hacia una curva de satisfacción, sino hacia una curva de aprendizaje —como si los dirigentes sindicales se percataron de que su estrategia funciona y han intensificado las actividades de huelga, persiguiendo ganancias todavía mayores.
Los sucesivos aumentos en los salarios del sector público están conduciendo a una creciente brecha entre los empleados públicos y privados. Los aumentos salariales del sector privado están claramente limitados por los aumentos de productividad y el poder de empresas y sindicatos en la negociación salarial, mientras que en el sector público la medición de la productividad es engorrosa y las relaciones entre el empleador (el gobierno) y los sindicatos es mucho más compleja. Desde el año 2003, mientras que los salarios reales del sector público aumentaron en un 28,2%, los salarios reales del sector privado aumentaron un 6,9% —o sea, los salarios reales aumentaron cuatro veces más en el sector público que en el sector privado.
Esta situación se convierte en un problema cuando se tiene en cuenta que los salarios del sector público, al comienzo de la díécada, ya eran más altos que los del sector privado. Como la mayoría de la población trabaja en el sector privado, esto significa que el servicio civil se ha vuelto cada vez más parte de la íélite económica. Por ejemplo, la Unión Nacional de Profesores de Instituciones de Educación Superior (Andes) está exigiendo que los salarios de los profesores titulares en las universidades federales se incrementen a US$145.000 al año. Esta demanda colocaría a dichos servidores públicos en el 1% más rico de la distribución del ingreso. Es irracional defender cualquier política pública que activamente redistribuye riqueza desde el 99% más pobre hacia el 1% más rico.
La brecha entre el ingreso promedio de los empleados públicos y el ingreso promedio de los demás trabajadores en Brasil ha aumentado significativamente en la última díécada. Según datos de IBGE, el servicio estadístico del gobierno brasileño, durante el año 2003 un servidor público tenía un sueldo anual promedio de US$3.913 más alto que un trabajador del sector privado. En cambio, en 2011 la diferencia aumentó a US$7.566 dólares. Asimismo, un reporte reciente de la Universidad Católica de Rio de Janeiro (en portuguíés) señala que, aún considerando los salarios y pensiones, la brecha se mantiene al comparar individuos con niveles de instrucción similares. Como los funcionarios públicos ganan más que el promedio, el aumento de esta diferencia es una política de concentración de la renta.
La tendencia actual funciona como un imán para que más personas abandonen el sector privado y busquen los mayores salarios y beneficios del sector público. De acuerdo con ANPAC, una asociación formada para los cursos de preparación para los exámenes de admisión a las carreras públicas, 11 millones de personas buscarán empleo en la administración pública en 2011. A juzgar por la actual coyuntura, no hay ninguna señal de cambio en este escenario. A medida que más trabajadores especializados abandonen el sector privado, menores tienden a ser las perspectivas a largo plazo para el crecimiento de la productividad en la economía.
No hay duda de que el país necesita servidores públicos calificados y justamente remunerados para ayudar a minimizar las ineficiencias de la administración pública y combatir la corrupción. Sin embargo, es difícil argumentar a favor de salarios aún más altos para un servicio civil que gana, en promedio, casi el 75% más que el resto de la sociedad que lo sustenta. Una radiografía de los salarios del sector público revela, por lo tanto, una política que concentra la renta, extrae talentos de los sectores productivos, y por cuestiones políticas, asegura aumentos reales superiores al crecimiento en la productividad del país —minando la base de su crecimiento a largo plazo.
