Los problemas de financiación y las exigencias por parte del Gobierno central para reducir el díéficit han obligado a las comunidades autónomas a recortar una cuarta parte de sus altos cargos. Pero aun así, mantienen, sin contar con las empresas públicas, 2.018 consejeros, viceconsejeros, directores generales y asesores de libre designación a los que en la práctica totalidad de los casos, y en aras del ahorro, se les ha recortado, eso sí, su retribución.
A la cabeza se sitúa el Gobierno de Aragón con un total de 287. Tras su toma de posesión hace un año, la nueva presidenta regional, la popular Luisa Fernanda Rudí, anunció un recorte de 80 altos cargos, el 22% del total, para ahorrar 4,4 millones de euros al año. Pero aun así sigue estando todavía muy por encima del resto de autonomías. La segunda y la tercera posición del ranking la ocupan Andalucía y el País Vasco respectivamente, y en ambos casos los recortes son mínimos.
En el caso andaluz, el Gobierno de coalición formado por el PSOE e IU ha recortado sólo una docena el número de altos cargos en los servicios centrales, pasando de 171 puestos directivos a 159 en la actual legislatura. El presidente de la Junta, Josíé Antonio Griñán, sí que ha recortado, en cambio, el número de delegados provinciales, que han pasado de los 97 de la etapa anterior a los 49 actuales. Con ello, el número total se ha reducido en un 22%, hasta 208 altos cargos.
Recortes pendientes
En el País Vasco, Patxi López prometió tras su llegada a la lehendakaritza reducir en un 10% el número de altos cargos y ahorrar así un mínimo de dos millones de euros. Tras su nombramiento, había 197 altos cargos, a los que había que sumar además otros 234 en organismos autónomos y empresas públicas. En 2010, esa reducción todavía no se había llevado a cabo y el Parlamento vasco, con el voto a favor del PSE-PSOE, el PNV y el PP, se lo recordó y le instó a reducir la carga en, al menos, un 15%.
Pero la legislatura se está acabando, y de acuerdo con las cifras oficiales, el número se mantiene inalterable, por lo que habrá que esperar a la decisión que adopte el nuevo Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones del próximo 21 de octubre.
Entre los que apenas han recortado figuran tambiíén el Gobierno asturiano y el canario. El nuevo Gobierno del Principado, bajo la presidencia del socialista Javier Fernández, tiene una dirección general más que el de Francisco ílvarez Cascos (son ahora 36), pero suma once servicios menos, un total de 151. Las Islas Canarias mantienen , por su parte, a un total de 114 directivos, frente a los 125 con los que terminó el primer Ejecutivo de Paulino Rivero. Esta reducción en el número de consejeros, viceconsejeros y directores generales supone una rebaja de unos 600.000 euros sobre los 7,3 millones de euros consignados para los últimos altos cargos de la Administración autonómica, algo que la oposición considera aún insuficiente.
Entre las que más altos cargos mantienen figuran, con un número además muy parecido, la Comunidad de Madrid y Cataluña. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha aplicado un recorte de casi el 14%, hasta dejarlo en 140 puestos directivos. El de la Generalitat, que acaba de pedir un rescate al Gobierno central de 5.023 millones de euros y que está inmerso en un severo plan de ajuste para cumplir la previsión de díéficit, ha reducido el número aún más, en un 23%, hasta 136.
Ajuste en Castilla-La Mancha
Los mayores ajustes se han realizado, en cambio, en Valencia, Galicia, Cantabria, Extremadura y, sobre todo, en Castilla-La Mancha. La presidenta de esta última autonomía, María Dolores de Cospedal, anunció tras su llegada al Gobierno un plan de ajuste "tajante", y lo ha llevado a rajatabla. El número de altos cargos se ha reducido así un 60%, desde 243 hasta un centenar.
Cospedal ha suprimido 22 direcciones generales, frente a las 50 anteriores, y ha reducido drásticamente la estructura provincial, con la salida de 30 delegados - ha dejado únicamente un representante de la Junta en cada provincia-, eliminando además un 50% de los puestos de libre designación, que han pasado de 121 a tan sólo 38.
En la misma línea, Cantabria y la Xunta de Galicia han aplicado un tijeretazo a sus organigramas de casi el 50%, pasando en el primer caso de 105 a 54 altos cargos y en el segundo de 125 a 66. Extremadura ha aplicado un recorte del 37% bajo la presidencia de Josíé Antonio Monago, hasta 92 puestos directivos, y el de la Generalitat Valenciana del 30%, hasta 131 altos cargos.
