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Pese al rechazo de varios sectores sociales, el Gobierno de Francia comienza hoy el proceso para la ratificación y aplicación de los acuerdos de austeridad presupuestaria adoptados en las cumbres de la Unión Europea (UE).
El Consejo de Ministros analizará este miíércoles esos pactos y, si son aprobados como se espera, se redactará un proyecto de ley que será discutido en la Asamblea Nacional durante la primera semana de octubre próximo.
Una vez aceptados en la Cámara baja, pasarán al Senado y de allí al Consejo Constitucional, que tendrá la última palabra al respecto.
Los acuerdos fueron impulsados por la canciller federal alemana, íngela Merkel, y el expresidente francíés Nicolás Sarkozy e imponen severas restricciones presupuestarias a los países miembros de la UE para mantener bajo control la deuda pública y el díéficit fiscal.
El texto prevíé aplicar sanciones automáticas a los incumplidores y obliga a los Estados a elevar estas obligaciones a rango constitucional, lo que se ha denominado como "la regla de oro".
Para forzar a los gobiernos a aceptar estas medidas, Merkel consiguió incorporar una cláusula, en la cual se establece que los fondos de estabilidad europeos solo podrán beneficiar a quienes las hayan ratificado.
El Frente de Izquierda francíés, así como las principales confederaciones sindicales y numerosas organizaciones sociales, están en contra de los planes de austeridad y reclaman al gobierno abstenerse de aprobarlos.
Durante su campaña electoral, señalan, el presidente Franí§ois Hollande se comprometió a renegociar los acuerdos firmados por Sarkozy, aunque al final solo consiguió incorporar un fondo para la reactivación económica, dotado con 120 mil millones de euros.
La víspera el excandidato presidencial del Frente de Izquierda Jean-Luc Míélenchon denunció que la austeridad es inútil para luchar contra la crisis, porque no logra estimular la producción y a la larga crea más díéficit.
Para el próximo 30 de septiembre está convocada en esta capital una gran marcha nacional durante la cual se reclamará la celebración de un referendo sobre estos temas y que sea la población quien decida si se aceptan o no los acuerdos europeos.
