Moncloa teme que los presupuestos del Estado presentados ayer queden en agua de borrajas a mediados del año que viene y que tenga que acometer unos ajustes adicionales mucho más duros. La razón es que los en torno a 45.000 millones que se van a inyectar a la banca pueden computar como díéficit público el año que viene si Bruselas considera que son irrecuperables, como va a ocurrir con los 11.000 millones que lleva inyectados el FROB. Las declaraciones de Alemania sobre la necesidad de que las cuentas nacionales asuman el coste de estas ayudas van en esa dirección y es lo que tiene hondamente preocupado al Ejecutivo, según fuentes cercanas al mismo. Porque, en ese caso, habría que acometer nuevos recortes por esa cuantía, entre el 4% y el 5% del PIB.
Los tres países 'triple A' de la zona euro, Alemania, Finlandia y Holanda, plantearon el miíércoles que os problemas bancarios "heredados" por el mecanismo de estabilidad europeo (MEDE) deben seguir siendo responsabilidad de los Gobiernos nacionales. Es decir, que deben computar dentro de las cuentas públicas de cada país: el rescate bancario contará como deuda pública y las píérdidas que se generen (es decir, la parte de esta inyección que no pueda recuperar el Estado), como díéficit.
Hasta ahora, el Gobierno de Mariano Rajoy esperaba que el dinero del rescate no computara como deuda pública puesto que podría cambiarlo por la recapitalización directa de la banca una vez que el MEDE entrase en vigor. Con la tesis de Alemania y sus aliados, esto no será posible y el dinero del rescate incrementará la deuda pública. Pero mucho peor es la cuestión de las píérdidas: la parte que no se pueda recuperar de este rescate se considerará díéficit público y comprometerá las cifras que el Ejecutivo se ve tan apurado para cumplir: el famoso objetivo del 4,5%.
Que se considere díéficit o no depende de que la Intervención General del Estado y, sobre todo, Eurostat estimen que el dinero intyectado en los bancos es irrecuperable. Por ejemplo, si, como todo apunta, Unicaja rompe su fusión con Caja España-Duero, hay que rescatar a esta última y finalmente se la liquida, el dinero que se le inyecte se perderá y, con el planteamiento alemán, computará como díéficit público. En otro ejemplo, si CatalunyaCaixa recibe 10.000 millones pero sólo se consiguen 5.000 con su posterior venta a otra entidad, los 5.000 de diferencia tambiíén serán díéficit.
Un agujero de hasta 45.000 millones
Llevado este razonamiento al extremo, si el Gobierno es incapaz de recuperar nada del dinero que ahora va a inyectar Bruselas en el sector financiero, todo ese importe pasará a incrementar el díéficit público de 2013. Como adelantó El Confidencial, este importe puede rondar los 45.000 millones (los test de estríés arrojarán una cifra mayor, pero las ventas de activos, los planes de reestructuración, la asunción de píérdidas por las preferentes y la captación de capital privado reducirán el importe final del rescate), entre 4 y 5 puntos de PIB.
Eso es lo que pone los pelos de punta a mucha gente en Moncloa, según las fuentes. Una desviación del díéficit de esta magnitud obligaría a acometer unos recortes enormes, mucho más duros que los anunciados ayer y que no dejarían títere con cabeza: no se salvarían ni las pensiones ni las prestaciones por desempleo, ni los funcionarios, ni el conjunto del gasto social. Según las fuentes consultadas, ahora mismo íésta es la gran preocupación de Moncloa porque puede echar por tierra todos los Presupuestos Generales y abocar a España a una situación a la griega.
Y no se trata de un escenario descabellado. En primer lugar, porque lo que plantean Alemania y sus socios suele acabar convertido en norma. Y en segundo lugar, porque ya ha ocurrido con las inyecciones iniciales del FROB. Según publicaba ayer el periódico El País, los 11.000 millones que ha inyectó inicialmente en 2010 y 2011 el fondo de rescate bancario en BFA-Bankia, NovaGalicia y CatalunyaCaixa, y que ha tenido que dar por perdidos con el nuevo rescate, pasarán a incrementar el díéficit público del año pasado.
