El empresario Joaquín Rivero y la familia Soler, accionistas de referencia de la inmobiliaria francesa Gecina con una participación conjunta del 31% de su capital, han sido declarados en concurso voluntario de acreedores con una deuda total de 2.421,38 millones de euros.
El importe de este pasivo convierte la suspensión de pagos de las firmas de estos empresarios, Alteco Gestión y Mag Import, respectivamente, en uno de los mayores de la historia empresarial española por detrás de los de Martinsa Fadesa, Habitat, Llanera, Sacresa o Nueva Rumasa.
Los autos de declaración de concurso revelan que mientras la firma de Rivero presenta un 'agujero patrimonial' de 812 millones de euros, la de la familia Soler arroja un superávit patrimonial de 100 millones.
No obstante, el activo de los Soler está integrado "casi en su totalidad" por las acciones de Gecina, títulos que pignorados (hipotecados) como garantía ante los bancos acreedores y que además constituyen "los bienes a travíés de los que la firma realiza su principal actividad".
Por ello, el juez concluye que "presenta situación de insolvencia inminente", dado que "no dispone de bienes suficientes realizados o de rápida realización, y que no constituyan su objeto social, que permitan pagar las deudas ya vencidas".
En concreto, la firma de Joaquín Rivero presenta un activo de 835 millones para hacer frente a una deuda de 1.648 millones de euros, según consta en el auto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid.
De su lado, Mag Import (familia Soler) cuenta con 936,25 millones de euros para afrontar un pasivo de 773,38 millones de euros (al que podría sumarse otro príéstamo de 64,34 millones que la empresa no reconoce), según el auto de declaración de suspensión de pagos de la firma con fecha, como el anterior, de 11 de octubre.
Según explicaron los dos accionistas de Gecina cuando a comienzo de mes pidieron el concurso, el pasivo que suman deriva de los príéstamos que solicitaron en 2006 en el marco de la 'guerra' de OPAs que entonces libraron con la familia Sanahuja por el control de Metrovacesa.
En un comunicado, aseguraron que se vieron abocados al concurso pese a estar al corriente del pago de estos críéditos, despuíés de que uno de sus bancos acreedores no aceptara dar más tiempo para resolver una de las tres condiciones suspensivas que faltaba para cerrar definitivamente la refinanciación del príéstamo acordada el pasado mes de abril. PRINCIPAL PROBLEMA DEL CONCURSO, EL JURíDICO.
Los dos concursos han sido declararos voluntarios y de carácter ordinario, pese a los importes de los pasivos. La firma Interconcursal será el administrador concursal de la firma de Joaquín Rivero, y la abogada Fedra Valencia García, la administradora de la sociedad de los Soler.
Esta letrada, del despacho Cuatrecasas, ha actuado como abogada de firmas concursadas, entre ellas las de Femaral, Almarfe y FT Castellana, sociedades del presidente y accionista de control de Martinsa Fadesa. Además, el auto indica que cuenta con la "formación y experiencia adecuadas" para atender al "principal problema del concurso, que es jurídico.
Los jueces titulares de los correspondientes mercantiles aseguran que las medidas cautelares solicitadas por los empresarios ya forman parte del propio proceso concursal. Rivero y Soler demandaban al juez que "prohibiera el inicio de ejecución alguna contra el patrimonio de los deudores".
