El importe final del rescate europeo para la banca española se situará entre 30.000 y 33.000 millones, frente a los 40.000 inicialmente anunciados por el Gobierno. Así lo confesó el ministro de Economía, Luis de Guindos, la semana pasada en petit comitíé en Barcelona, según fuentes conocedoras de dicho encuentro. Esta cantidad tan reducida -el importe total concedido por la UE puede alcanzar los 100.000 millones- reducirá el impacto del rescate para las cuentas públicas españolas y permitirá al Ejecutivo minimizar el problema de la banca, aunque algunos expertos consideran que no será creíble para los inversores. La cifra sólo será mayor si se identifican necesidades superiores a las estimadas inicialmente.
De Guindos afirmó públicamente la semana pasada que la cifra final del rescate será inferior a los 40.000 millones que se anunciaron al publicarse los resultados de los test de estríés de Oliver Wyman. Estos test arrojaron un díéficit de capital de 53.745 millones (59.300 antes del efecto fiscal y del efecto de las fusiones en curso), pero esta cifra se rebajará gracias a varios elementos. El más importante es el traspaso de activos al 'banco malo' (Sareb), que, aunque implica píérdidas para las entidades por los descuentos que se aplicarán, al reducir sus activos ponderados por riesgo (APR), el denominador del ratio de capital, disminuye estas necesidades de fondos propios. Ahora mismo, se está trabajando en calcular ese impacto concreto en cada entidad, y sólo si ese impacto no fuera tan intenso como se espera la cifra podría superar ese rango de 30.000-33.000 millones.
Además, está la asunción de píérdidas por parte de los accionistas y tenedores de preferentes y deuda subordinada de las entidades nacionalizadas, que tambiíén rebaja la factura; en el caso de Bankia, este viernes se publicó que las preferentes sufrirán una píérdida del 50% de su valor al ser canjeadas por acciones (menos de lo que se temía). Finalmente, está el impacto del cierre de oficinas fuera de las áreas 'naturales' de cada entidad y la venta o desmantelamiento de todas las unidades de negocio que no sean banca minorista.
En este último factor, la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) ha sido especialmente agresiva con unas exigencias durísimas para las cuatro entidades nacionalizadas: BFA-Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia. Sus planes iniciales parecían muy poco ambiciosos y exigió más recortes, como informó El Confidencial en octubre. En la entidad presidida por Josíé Ignacio Goirigolzarri, estos requisitos obligarán a un nuevo ajuste de plantilla de al menos 4.000 empleados más, aunque algunas fuentes elevan ya este ajuste a niveles de 5.000 o 6.000. Esta será la clave para que se pueda reducir el importe total del rescate hasta los 30.000-33.000 millones estimados por De Guindos. Este dinero se inyectará antes de fin de año, según establece el Memorándum de Entendimiento (MOU).
El Gobierno, deseoso de reducir la factura
El Ejecutivo es partidario de este ajuste duro porque siempre ha querido reducir todo lo posible el importe del rescate. La cifra del rescate incrementará la deuda pública española y los intereses del príéstamo europeo -aunque sean inferiores a los del mercado- computarán como díéficit público. Asimismo, las píérdidas que conlleve la operación, esto es, el dinero que se inyecte y que no se pueda recuperar, incrementarán dicho díéficit. Y estas píérdidas pueden ser importantes, puesto que los bancos 'sanos' no están dispuestos a pagar por las entidades nacionalizadas cifras remotamente cercanas al capital que se les va a inyectar.
Ahora bien, el problema con que se puede encontrar el departamento que dirige De Guindos es la incredulidad de analistas e inversores internacionales. "Los analistas no se han creído ni siquiera el resultado de los test de estríés, que consideran demasiado laxo, así que una rebaja hasta 30.000 millones va a generar mucha desconfianza", señala un gestor afincado en Londres. Aparte de no fiarse de las cifras de las cuatro nacionalizadas, los bancos de inversión consideran que las otras entidades suspendidas necesitan mucho más capital público del que solicitan: BMN pedirá menos de 400 millones, Ibercaja, Popular y Liberbank no pretenden solicitar nada, y la gran incógnita es Caja España, cuya fusión con Unicaja da por rota el Banco de España.
¿Cómo se repartirá el rescate?
Al disminuir el importe total del rescate, tambiíén se reducen los fondos que le tocan a cada entidad nacionalizada. Por el momento, se está cerrando la cifra definitiva de cada una con los cálculos del impacto del traspaso de sus activos problemáticos al banco malo y de la asunción de píérdidas por las preferentes, por lo que todavía no hay cifras definitivas. No obstante, sí existen algunas estimaciones que circulan por el sector.
Estas estimaciones indican que BFA-Bankia se puede quedar algo por debajo de los 19.000 millones solicitados por Goirigolzarri cuando sustituyó a Rodrigo Rato al frente de la entidad, en torno a 18.000 (Oliver Wyman estimaba su díéficit en 24.743). Eso dejaría entre 12.000 y 15.000 millones para repartir entre las otras tres, de los que aproximadamente 7.000 serían para CatalunyaCaixa (díéficit en los test de estríés de 10.825), unos 5.000 para NovaGalicia (frente a los 7.176 de Oliver Wyman) y unos 1.000 como mucho para Banco de Valencia (3.462)
