La limitación afecta a ventas en las que al menos una de las partes sea un empresario o profesional. Así, no se podrá pagar más de 2.500 euros en efectivo si se compra un coche en un concesionario, pero sí cuando el vehículo sea de segunda mano y se adquiera a un particular. Lo mismo sucede con la vivienda. La restricción, que sigue el ejemplo de medidas similares adoptadas en Francia o Italia, persigue frenar la economía sumergida y acabar con el tradicional con IVA o sin IVA.
Incumplir la ley supondrá una sanción equivalente al 25% del pago realizado en efectivo y la Agencia Tributaria podrá exigir el cobro de la sanción al comprador y al vendedor o establecer que la multa se pague de forma solidaria. Si, por ejemplo, quien ha recibido el pago en efectivo es un empresario insolvente, la responsabilidad de abonar la sanción recaerá en su cliente. Y viceversa.
