La reforma de la Administración Pública es una de las tareas pendientes del Ejecutivo de Rajoy, dentro de la obligada política de ajustes y recortes que está llevando a cabo con el objetivo de cuadrar las cuentas y disminuir el díéficit. 2013 será el año en el que se aborde este asunto sobre el que ya trabaja un equipo comandado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y que podría elaborar un plan para ahorrar más de 100.000 millones de euros.
Según publica el diario ABC, España necesitará afrontar en el presente ejercicio nuevos recortes por valor de 25.000 o 30.000 millones de euros y, tras medidas ya ejecutadas en años anteriores como la subida de impuestos, la no revalorización de las pensiones, la supresión de la extra de Navidad de los funcionarios o los recortes del desempleo, la reforma de la Administración Pública se antoja como la principal plaza donde meter la tijera.
Aplazada hasta el momento, el adelgazamiento de unas instituciones sobredimensionadas durante tres lustros de bonanza económica es, hoy por hoy, impostergable y una tarea que Rajoy habría encargado a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien trabaja ya en este asunto con un equipo que deberá "eliminar duplicidades, suprimir organismos públicos, simplificar burocracia y centralizar la gestión de la Administración Central y autonómica", según ABC.
Con todo, calcula el citado diario, podrían ahorrarse más de 100.000 millones de euros. Sin ser tarea fácil, apunta a que podría comenzarse vendiendo empresas públicas deficitarias, suprimiendo las diputaciones, el Senado y las televisiones públicas autonómicas y prescindiendo de los consejos económicos y sociales.
Publica ABC que las empresas públicas arrastran una deuda de 56.000 millones, 22.000 millones es el coste anual de las diputaciones, la factura de las televisiones autonómicas asciende a 1.200 millones cada año y el Senado cuesta a los españoles más de 50 millones cada ejercicio.
