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SANTO DOMINGO, República Dominicana -- Un equipo de expertos de Naciones Unidas evaluará los estudios de factibilidad del proyecto minero de la multinacional Xstrata Nickel en República Dominicana, cuya fase de exploración fue detenida por un tribunal ante los reclamos de grupos ambientalistas.
"No haremos una recomendación de 'exploten o no exploten'; esa es una decisión del gobierno", dijo a The Associated Press Roberto Gálvez, representante adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La evaluación se iniciará a partir de esta semana.
Gálvez detalló en una reciente entrevista que expertos extranjeros analizarán los estudios de impactos ambiental, hidrogeológicos y socioeconómicos que ha presentado Falcondo, filial en República Dominicana de Xstrata Nickel, para la explotación de la Loma Miranda a fin determinar si cumplen con las previsiones de las leyes locales y convenios internacionales.
Xstrata Nickel, con sede en Canadá, adquirió en 2008 unas 1.380 hectáreas en la Loma Miranda, 100 kilómetros al norte de la capital, a fin de empezar a extraer níquel en 2016. La compañía, con presencia en el país desde 1955, ya ha realizado exploraciones, pero aún no cuenta con el permiso de las autoridades medioambientales para la explotación.
La empresa tiene previsto explotar la zona durante 25 años para extraer unos 20 millones de toneladas de minerales, con una concentración de 1,5% de níquel, según han explicado sus ejecutivos en visitas a medios de comunicación.
Giovanni E. Bloise, director de minas de la compañía, ha insistido en declaraciones a la prensa que la minera invertirá sumas millonarias en el rescate ambiental de la zona.
Un tribunal de La Vega, 125 kilómetros al norte de Santo Domingo, acogió en septiembre dos recursos de amparo interpuestos por organizaciones comunitarias y ambientalistas contra el proyecto minero y ordenó a Falcondo detener sus operaciones y retirarse de la zona hasta que cuente con el permiso del ministerio de Medio Ambiente.
El presidente dominicano Danilo Medina solicitó al PNUD en septiembre analizar el proyecto ante los reclamos de grupos ambientalistas, acadíémicos, autoridades locales y grupos civiles que aseguran que la explotación minera de la Loma Miranda representará severos daños al medioambiente y a la generación de agua.
Es la segunda ocasión que el PNUD evalúa el impacto ambiental de un proyecto minero en República Dominicana por solicitud del gobierno. Debido a multitudinarias protestas de organizaciones ambientalistas contra la instalación de una empresa cementera cerca de la zona protegida de Los Haitises, el PNUD analizó en 2009 el proyecto y concluyó que "los daños podrían ser irreversibles". La instalación de la cementera fue traslada de ubicación.
La Academia de Ciencias de República Dominicana determinó en un reciente estudio que la explotación de la Loma Miranda por parte de Falcondo afectaría el suministro de agua a más de 7.600 hectáreas de la zona arrocera más importante del país.
Según la institución, la Loma Miranda "es una mina de agua" que provee del líquido a los caudales de 32 ríos, además de que alberga a 826 especies de flora autóctona.
Gálvez, del PNUD, adelantó que el equipo de especialistas tambiíén hará consultas con la población, visitas en el sitio de la Loma Miranda y en las áreas circundantes como parte del estudio de impacto socioeconómico.
La meta del PNUD "es hacer un estudio objetivo y neutral, tomando en consideración todos los elementos", dijo a The Associated Press la coordinadora de Naciones Unidas en República Dominicana, Valíérie Julliand.
"Nuestra única condición fue que nuestro informe debe ser público", aclaró la diplomática. El PNUD tiene previsto concluir su estudio a más tardar en seis meses.
Otros proyectos mineros de transnacionales tambiíén han sido blanco de protestas en los últimos años. Grupos ambientalistas se manifestaron de manera infructuosa contra la canadiense Barrick, que en agosto del 2012 comenzó la explotación de oro en la mina de Pueblo Viejo. El Senado anunció en noviembre que analizará denuncias de irregularidades en la concesión del permiso otorgado a la canadiense Unigold para la explotación de oro.
