Un Tribunal Europeo ha dado la razón a los islandeses que se negaron a pagar con sus propios impuestos los ahorros que ciudadanos holandeses y británicos tenían depositados en un banco islandíés y que perdieron tras su quiebra.
Tras el colapso de la banca islandesa, el Gobierno de aquel país protegió los depósitos de los islandeses pero no respondió a las demandas de los depositantes extranjeros -sobre todo ingleses y holandeses- que habían abierto una cuenta en la entidad Icesave.
Islandia fue denunciada por los Gobiernos de Reino Unido y Holanda por hacer un trato discriminatorio y no cumplir con las normas internacionales sobre garantías de depósitos.
La sentencia del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercioi (EFTA) señala argumenta que un país no tiene que cubrir los depósitos cuando el Fondo de Garantía se queda sin recursos y argumenta que no hubo discriminación por el hecho de que el Gobierno islandíés sí protegiese a sus ciudadanos y no a los depositantes extranjeros.
La Comisión Europea ha encajado con sorpresa esta sentencia e insiste en que los Gobiernos deben responder por las deudas de sus bancos ante cualquier ahorrador, independientemente de su nacionalidad. El Ejecutivo comunitario reitera que esta sentencia no sienta un precedente en la jurisprudencia europea.
