El Gobierno prepara un real decreto para aplicar un importante recorte en la retribución de las energías renovables que puede llegar a ascender a 3.000 millones de euros en los próximos cinco años, según los cálculos de la CNE.
Según fuentes consultadas por elEconomista, el Ministerio de Industria tiene sobre la mesa una propuesta que realizó el regulador en su informe para acabar con el díéficit de tarifa el pasado mes de marzo y que puede aprobarse con gran rapidez.
El Gobierno se está planteando congelar la actualización de las primas de las renovables con el IPC, tal y como se hacía hasta el momento, en lo que supondría un nuevo recorte para estas tecnologías. Entre las medidas que se barajan tambien figura ampliar el plazo de los derecho de cobro de primas a cambio de una reducción de las mismas.
La opción que parece tener más predilección es la primera. Los tíécnicos consultados por este diario explican que la tarifa que incentiva las instalaciones de renovables se actualiza con el IPC corregido por un factor de eficiencia llamado "X". Dicho factor era de 25 puntos básicos hasta 2012 y desde 2013 se ha duplicado, es decir, se ha hecho mucho más restrictivo. La propuesta de la CNE situaría este elemento en los 175 puntos básicos.
Las primas se actualizan con la inflación para poder mantener el nivel de rentabilidad, pero la falta de combustible fósil hace que el coste variable de estas tecnologías dependa únicamente de los diversos servicios de las plantas (operación, mantenimiento, seguro), es decir, todos aquellos costes que están directamente ligados al aumento de la inflación, como los salarios o los precios de los suministros.
La justificación para este ajuste, según el criterio de la CNE, se ampara en que una gran parte de sus ingresos anuales se dedican a cubrir los costes de la inversión, que representan aproximadamente el 85% en el caso de la eólica y la fotovoltaica. De este modo, el regulador considera que "actualizar la totalidad de la prima resulta desproporcionado y cree por lo tanto que sólo se debería actualizar únicamente el 15%".
En el caso de la cogeneración, las tarifas y primas se actualizan trimestralmente con las variaciones del IPC y de los precios del combustible. Dado que en estas tecnologías el peso relativo de los costes de operación y mantenimiento es similar, se propone realizar una actualización análoga en la parte correspondiente de los incentivos económicos.
La medida propuesta, que requeriría una norma con rango de Real Decreto, consiste en incrementar el valor del factor corrector de modo que se mantenga el principio de una rentabilidad razonable contenido en la Ley y que sirva para poder evitar reclamaciones por considerarse una medida retroactiva.
Para un IPC del 2%, el factor corrector debería estar en los 175 puntos básicos. De este modo, para que se lograría la quivalencia con el 15% del valor de las tarifas y primas que se deben actualizar con el IPC, lo que está en línea con lo propuesto para otras actividades reguladas del sector, y sin perjuicio de que se mantuviese la indexación a los precios de los combustibles en el caso de la cogeneración o de los residuos. Dado que los valores de las tarifas se calculan cada año (o trimestre), esta medida tiene un impacto acumulativo: supondría reducir anualmente en torno a 200 millones a partir de 2013.
Quejas de EEUU
El embajador de Estados Unidos en Madrid, Alan Solomont, mostró ayer su "preocupación" ante algunos de los elementos de la reforma energíética española por su efecto en el sector de las renovables y en las inversiones realizadas por empresas estadounidese.
Solomont ha analizado las "excelentes" relaciones bilaterales, pero tambiíén ha alertado de políticas concretas que preocupan mucho a su país, como la reforma energíética y la piratería en Internet. Sobre el primer capítulo, ha destacado la apuesta de su EEUU por ese sector, en el que España es líder.
A pesar de reconocer que en su desarrollo han estado presentes los subsidios públicos y que era necesario abordar el díéficit tarifario, Solomont ha explicado que ha mantenido contactos con el Ministerio de Industria para intentar evitar que la reforma socave el crecimiento económico y desaliente la creación de puestos de trabajo. En su opinión, la reforma ha introducido "cierta inestabilidad" cuando se necesita un marco regulatorio previsible para impulsar las inversiones.
