La Justicia va a obligar a la Junta de Andalucía a revelar uno de los secretos mejor guardados de los 31 años de gobiernos del PSOE: cuántos trabajadores tiene la Administración paralela de más de 140 entes, consorcios y agencias creados por los sucesivos ejecutivos para recolocar a miles de cargos socialistas, familiares y amigos de estos, así como a afiliados de UGT y CCOO y exaltos cargos de estos sindicatos. Tambiíén tendrá que concretar la Junta dónde trabajan, quíé funciones realizan y quíé sueldos cobran.
Todo ello, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del pasado 17 de enero que da la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), quien demandó a la Consejería de Agricultura datos sobre sus trabajadores externos, denominados enchufados por no haber pasado prueba de selección alguna y deber su puesto a su filiación política o sindical.
Este y otros sindicatos como CSIF estiman el número total de externos en unos 26.000, un 10 por ciento de toda la plantilla de la Junta andaluza. Y su coste de personal ronda los mil millones de euros, que se suman a los nueve mil que conforma el capítulo 1 del presupuesto andaluz. La justicia reconoce el derecho del SAF a acceder a esos datos en virtud de la libertad sindical para ejercer sus funciones, recogida en el artículo 28.1 de la Constitución.
El Gobierno andaluz tiene dos meses de plazo para entregar los datos, y el SAF pedirá la ejecución forzosa de la sentencia en caso de la que la Junta siga ocultándolos.
El Ministerio de Hacienda, que ya solicitó estos mismos datos como consecuencia de la aprobación del plan de reequilibrio financiero 2012-2014 de la Junta, prevíé comenzar a recibirlos de toda la Administración autonómica y no sólo de la Consejería de Agricultura a la que se refiere la sentencia favorable al SAF, a final de febrero.
Trabajadores ilegales
Además, el SAF denunció ayer por lo penal a una decena de altos cargos de Agapa y de la propia Consejería por encargar a externos tareas de inspección agraria que por ley sólo pueden realizar funcionarios. Justo hace dos semanas una sentencia firme del TSJA declaró ilegal la integración de 1.850 trabajadores de la antigua empresa DAP (adscrita a la Consejería de Agricultura) en la nueva agencia Agapa. Esos trabajadores están desde entonces en situación de flagrante ilegalidad y en un limbo, pese a lo cual siguen cobrando sus nóminas.
