El Gobierno saca pecho del ajuste que está realizando dentro del sector público. Sin embargo, las cifras bien podrían sacarle los colores al Ejecutivo. El número de asalariados de las empresas públicas de la Administración General del Estados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos se incrementó un 5 por ciento a lo largo del pasado ejercicio.
En tíérminos absolutos es donde se comprueba la magnitud de la cifra: aumentó en 7.500 personas, hasta los 155.200 empleados a cierre de diciembre, frente a los 147.700 con los que terminó el primer trimestre del pasado año.
Unos datos que aplacan lo que está ocurriendo en las Administraciones Públicas, donde, en el mismo periodo, el número de asalariados disminuyó un 6,6 por ciento, al rebajar la plantilla en 193.700 personas, hasta los 2.753.000 asalariados.
Llama la atención porque la mayoría de empleados de las empresas públicas no ha pasado por un acceso como el de los funcionarios, aunque Federico Durán, catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues, recuerda que, teóricamente, se deberían respetar los principios de igualdad, míérito, capacidad y publicidad que rigen para los trabajadores del sector público.
Pero, tal y comoexplican los expertos consultados por elEconomista, la clase política aprovecha estas entidades para colocar a personas afines. Uno de los ejemplos lo encontramos en Andalucía, donde se han producido varios escándalos por las transferencias de dinero a sociedades públicas que empleaban a personas que no habían pasado ningún proceso selectivo.
Pero tambiíén hay que apuntar al PP, puesto que la mayoría de las autonomías están gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy.
Además de resultar contradictorio con la austeridad que enarbola el Gobierno, y que nos exigen nuestros socios europeos, y que pasa inevitablemente por reducir el sobredimensionado e insostenible sector público español
