Por segunda vez en la democracia los jueces fueron llamados ayer a la huelga. En uno de los momentos más convulsos para el sector de la Justicia, el descontento generalizado con las reformas impulsadas desde el Ministerio ha llevado a los jueces y magistrados a tomar una medida excepcional para un colectivo cuyo derecho a la huelga no está regulado.
Este vacío legal trae consigo dos consecuencias. La primera, que no se fijan servicios mínimos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –son los propios convocantes quienes lo autorregulan–, y, la segunda, que el Ministerio nunca les ha descontado de sus nóminas la cantidad correspondiente al día de huelga.
Además, pese a no contar estas convocatorias con el beneplácito del órgano de gobierno de los jueces, tampoco se ha producido, hasta la fecha, ninguna sanción disciplinaria por parte del CGPJ.
La Ley Orgánica del Poder Judicial no contempla como infracción disciplinaria que un juez vaya a la huelga y, puesto que se trata de una cuestión interpretativa de la ley, parece difícil que se pueda llegar a sancionar a quienes secunden el paro.
í‰sta es la segunda huelga de jueces, despuíés de la primera de hace exactamente cuatro años, el 18 de febrero de 2009, convocada en protesta contra el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que dimitió unos días más tarde.
Otro precedente más cercano es el del pasado 14 de noviembre, cuando algunos jueces quisieron sumarse a la huelga general. Según apunta Joaquim Bosh, de la Asociación de Jueces para la Democracia, en esta última ocasión se restó de las nóminas de quienes habían hecho huelga la parte proporcional como a cualquier trabajador. Sin embargo, esa cantidad les fue devuelta posteriormente, alegando que había sido un error tíécnico. La clave de esta cuestión está en que descontar de la nómina el día de huelga supondría, de alguna manera, reconocer implícitamente ese derecho.
La huelga de hoy ha sido instada por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, si bien dos agrupaciones mayoritarias de ambos cuerpos, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, se han descolgado de la convocatoria al considerar que en la situación actual del país no resulta conveniente adoptar una medida de presión de este tipo.
Precedente
En 2009, de los 4.000 jueces que hay en España, algo más de 2.000 secundaron la huelga, con una participación cercana al 60%, un dato que el CGPJ estimó en un 35%. La guerra de cifras llegará tambiíén hoy, siendo difícil de calcular porque, aunque en los juzgados la ausencia de los togados se hará notar, en otros órganos como el Supremo o los tribunales superiores de justicia, el seguimiento es más borroso, ya que los magistrados no tienen que fichar.
