Se acabaron las contemplaciones. El consejo de administración de la CNMV se reúne hoy en sesión extraordinaria con el fin de finiquitar el expediente abierto hace más de tres años contra el antiguo presidente de Bankinter, Jaime Botín. La investigación se refiere a una infracción muy grave por información falsa sobre participaciones significativas y se cerrará con la propuesta al ministro de Economía, Luis de Guindos, para que dictamine la correspondiente sanción. Todo un baldón para el hermano mayor de Emilio Botín.
La resolución del expediente en estos tíérminos no supondrá mayor efecto que la multa de hasta 600.000 euros que contempla el artículo 102 de la ley del Mercado de Valores. Es previsible que esta sanción sea acompañada tambiíén de la inhabilitación para ejercer cargo directivo en entidades financieras, pero en este supuesto el castigo no tendrá mayor incidencia por cuanto que Jaime Botín no ocupa actualmente ningún cargo ejecutivo ni de consejo de administración. En 2002 renunció a la presidencia de Bankinter y dos años más tarde dimitió como vicepresidente del Banco Santander.
Los hechos que se imputan desde la CNMV se resumen en lo que, en tíérminos jurídicos, se considera una infracción continuada sobre la que no se puede admitir ningún eximente de prescripción, tal y como había alegado Francisco Palá, el abogado de Jaime Botín, socio del bufete Ramón & Cajal. El antiguo presidente de Bankinter, máximo accionista del banco a travíés de la sociedad Cartival, tenía reconocida ante el organismo supervisor de los mercados una participación accionarial del 16% en la entidad financiera, cuando en realidad disponía de casi un 24% del capital.
La falsedad de la participación significativa fue descubierta a raíz de las inspecciones fiscales llevada a cabo por la Hacienda Pública contra los presuntos evasores de la cíélebre lista Falciani. La familia Botín se vio involucrada en el escándalo y terminó regularizando su situación con el pago de una deuda tributaria de 200 millones de euros que la Audiencia Nacional consideró suficiente para archivar la causa penal.
Grave perjuicio para Críédit Agricole
El juez Fernando Andreu decretó el sobreseimiento en mayo de 2012, y fue entonces cuando la CNMV reactivó el procedimiento administrativo contra Jaime Botín. El organismo supervisor entiende que los hechos constitutivos de delito tienen su origen hace más de veinte años, pero eso no debiera haber impedido la información veraz de la participación significativa en los años posteriores. La ocultación de los datos reales perjudicó, además, de manera directa a los inversores de Bankinter y, en especial, a Críédit Agricole que entró en la entidad financiera española con una clara voluntad de liderazgo accionarial alcanzando una posición de capital superior al 23%.
El banco francíés pretendía convertirse en primer accionista de Bankinter sobre el fundamento de que su mayor inversor hasta entonces, que era Jaime Botín, sólo disponía de un 16%. La aparición por sorpresa del paquete adicional de un 7,85% en manos de su rival frustró las expectativas de Críédit Agricole que emprendió la desbandada con una estrategia programada de desinversiones a lo largo del último año. El pasado mes de septiembre se llevó a cabo la eníésima venta de una participación del 7,6% que ha dejado al grupo galo con un simbólico 2% de Bankinter.
La ley del Mercado de Valores establece que las sanciones muy graves son competencia del ministro de Economía y pueden ser rubricadas mediante delegación por el secretario de Estado de Economía. Una vez que Fernando Jimíénez-Latorre estampe su firma, es intención de la CNMV llevar a cabo la resolución del expediente con la pertinente difusión de la sanción en el BOE. A partir de entonces, la representación legal de Jaime Botín podrá interponer los preceptivos recursos contra la decisión del organismo que preside Elvira Rodríguez.
