Casi al mismo tiempo que se conocían ciertas filtraciones del Gobierno argentino sobre un acuerdo con Repsol para una posible compensación por la expropiación de YPF, se daba a conocer en Londres una encuesta realizada por la IESE Busines School entre 2.043 expertos de 42 países en el que hacen una valoración sobre la indemnización que debe recibir la petrolera española. Dirigida por el profesor de Finanzas de dicha escuela Pablo Fernández, se trata de una pregunta remitida a 22.000 profesores de Economía y Finanzas, analistas y directivos de compañías que están integrados en la red Social Science Research Network (SSRN), de la cual, hasta la fecha, se han recibido 2.043 respuestas (de estas, se han considerado válidas 1.959). El estudio se presentó el lunes en la London School of Economics (LSE).
En un rango máximo, medio y mínimo, la mayoría considera que el valor medio del paquete confiscado por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace casi un año (200 millones de acciones correspondientes al 51% del capital)es de 51,2 dólares por acción o 10.270 millones de dólares (unos 7.900 millones de euros). El máximo se situaría en 14.900 millones de dólares (unos 11.500 millones de euros) y el mínimo en 7.000 millones de dólares (5.400 millones de euros).
El mayor número de respuestas proceden de España (882), seguida de Estados Unidos (446) y Reino Unido (100). Desde Argentina se han recibido 32. El valor medio que le otorgan los encuestados argentinos y españoles coinciden en algo más de 50 dólares por acción. El 70% del resultados considera una valoración entre 47,3 dólares o 56,7 dólares por título.
Precisamente, esta cifra coincide con la cotización de YPF del 27 de enero de 2012, un día antes de que el Gobierno argentino lanzara el primer rumor sobre una posible nacionalización de la petrolera, publicado por el diario progubernamental Página 12. Cuando finalmente fue anunciada por la presidenta argentina, el 16 de abril, el valor había caído casi un 29%, hasta los 47,3 euros por acción (precisamente, el valor mínimo antes citado).
Repsol advirtió en su día que tambiíén reclamaría el lucro cesante por el campo de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (que se ha considerado la razón de la expropiación), lo que elevaría un 30% la indemnización. A ello, habría que añadir el pago de una prima de control ya que el paquete expropiado supera el 50%. Repsol presentó en diciembre una demanda de arbitraje ante el Ciadi contra Argentina por incumplir el tratado bilateral con España de protección de inversores.
En la presentación del estudio intervino el vicesecretario general de Coordinación de Actuaciones de YPF de Repsol, Miguel Klingenberg, quien aseguró que la única alternativa que le queda a la compañía a lo que considera una confiscación (sería expropiación si hubiera recibido un justiprecio) son los tribunales. En cuanto a un posible acuerdo con Argentina, dijo que la compañía está abierta a una negociación, pero que “no se aceptará cualquier cosaâ€. Repsol ha presentado demandas en Argentina (por violación de la Constitución); en España; en Estados Unidos y, la más importante, la demanda de arbitraje ante el Ciadi por incumplimiento del tratado hispano-argentino de protección de inversiones
