El Gobierno quiere poner en marcha la llamada ‘Ley Ascensor’, destinada a facilitar la cotización en Bolsa de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que ahora contratan sus acciones en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La futura normativa facilitará boleto de ida y vuelta, de modo que las empresas bursátiles que cotizan con tamaño y liquidez reducidos puedan, a su vez, acceder a íél.
El desarrollo de la regulación sobre instituciones de inversión colectiva, así como las destinadas a fomentar el capital riesgo, propiciaron en 2006 la constitución en España de este mercado alternativo. La iniciativa, orientada con la finalidad de acercar las pymes al mundo bursátil, no adquirió carta de naturaleza hasta 2009 y cuenta ahora con una veintena de empresas participantes que, según el Ministerio de Economía, no son suficientes para asegurar una masa crítica eficiente. De ahí el afán de Luis de Guindos por impulsar el MAB aprovechando el paraguas que supone la próxima Ley de Apoyo al Emprendedor.
Uno de los aspectos básicos del proyecto consiste en despejar el puente que comunica la Bolsa con el MAB, lo que va a exigir una modificación de la normativa vigente en materia de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA). La CNMV estudia la posibilidad de eliminar, o cuando menos matizar, la necesidad de una OPA de exclusión para todas aquellas compañías que deseen trasladar la cotización de sus acciones del primer mercado de valores al alternativo bursátil.
Fusión de las sociedades de garantía recíproca
En segundo lugar, el Ministerio de Economía trabaja de forma paralela en una reforma del Real Decreto de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, así como del Real Decreto de Planes y Fondos de Pensiones con el fin de incentivar la inversión de dichas entidades en el MAB. La nueva regulación se traducirá en una mejora de la fiscalidad de este tipo de inversiones, que además serán incentivadas mediante el sistema de avales públicos, tanto por parte del Estado como, incluso, de otras entidades de mayor calificación crediticia como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).
Los nuevos mecanismos de financiación para pymes y emprendedores se complementarán con una revisión de la Ley 25/2005 reguladora de las entidades de capital riesgo y mediante el fomento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). El Gobierno se está planteando la fusión de las 23 SGR que operan actualmente de forma muy atomizada en España. El objetivo es crear una red de colaboración que garantice la oferta de un producto común, aplicable como seguro de aval en igualdad de condiciones dentro de todo el territorio nacional.
Reforma del Registro de Morosos
La ayuda al emprendedor tendrá un marcado acento financiero con las Líneas de Mediación que el Instituto de Críédito Oficial (ICO) va a ampliar durante 2013 hasta un total de 22.000 millones de euros; 18.000 millones para inversiones y liquidez, junto a otros 4.000 para operaciones en el mercado internacional. Pero, además, el ICO va a abrir una ventana de asesoramiento con el fin de asistir a esos pequeños empresarios a los que una entidad bancaria les haya denegado un críédito.
En última instancia, y a modo de quitamanchas para limpiar la imagen financiera de autónomos y pymes, el Gobierno quiere llevar a cabo una reforma de la normativa que ahora regula los registros de morosos. El proyecto tiene por objeto introducir mayores garantías sobre la veracidad de los datos y proteger más adecuadamente los intereses de los deudores. Dicho de otra forma, evitar que el menor desliz en el reembolso de un príéstamo sirva de pretexto a la gran banca para estigmatizar a sus clientes menos poderosos, justificando de paso la sequía del críédito con el manido argumento de que no existe demanda solvente.
