La incontinencia legislativa de las comunidades autónomas comienza a no tener límites. Lo demuestra el hecho de que ya han creado desde su constitución -hace tres díécadas- casi 80 figuras impositivas. No se trata de tasas o precios públicos -que tienen una función finalista-, sino de impuestos puros y duros. Y lo que es todavía peor, tan sólo en 2013 han creado una decena de impuestos que gravan diferentes hechos imponibles.
Para hacerse una idea de lo que significa esta cifra, hay que tener en cuenta que la Administración central del Estado cuenta en estos momentos con alrededor de 20 impuestos diferentes, lo que quiere decir apenas la cuarta parte de los que han nacido al calor del actual sistema autonómico gracias a su capacidad normativa.
Estos datos se incluyen en un monográfico editado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre la reforma de la financiación autonómica, y su autor es el profesor Luis María Alonso, de la Universidad de Barcelona, para quien el hecho de que las CCAA hagan nacer de forma tan prolífica tantos impuestos en realidad lo que provoca es el fin del sistema fiscal nacido en la transición: pocos impuestos, y de gran potencia recaudatoria. En el libro han colaborado algunos de los primeros espadas de la financiación autonómica, los profesores Zubiri, Monasterio, Zabalza, Barberán, Uriel, De la Fuente, Cucarella o Francisco Píérez.
La lista de impuestos es interminable y afecta a casi todos los sectores económicos, muchas veces gravando hechos imponibles que prácticamente replican a los que tiene el Estado.
Así, por ejemplo, doce CCAA tienen vigente un canon sobre el agua; nueve, un impuesto que grava determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; cinco han puesto en marcha un tributo sobre grandes superficies comerciales, mientras que otras cinco, lo que gravan es el juego.
No acaba aquí la lista. Cinco gobiernos autonómicos han decidido crear un impuesto que grava la emisión de gases a la atmósfera, otros ocho cargan la producción o depósito de residuos en instalaciones controladas y dos, Asturias y Andalucía, han instaurado un impuesto sobre las tierras "en deficiente aprovechamiento".
Hay más: Canarias grava el tabaco y los combustibles, precisamente dos de sus principales fuentes de ingresos, mientras que Extremadura ha considerado hecho imponible el aprovechamiento cinegíético, es decir, la caza, pese a que es una de su principales fuentes de riqueza.
La hemorragia legislativa afecta tambiíén a los depósitos bancarios, las bolsas de plástico, la energía eólica, el daño medioambiental causado por la instalación de transporte por cable, el daño medioambiental por el aprovechamiento del agua embalsada o por la estancia de turistas en establecimientos hoteleros.
La lista se ha 'renovado' este año en Baleares, que gravará a las empresas de alquiler de coches o las bebidas no alcohólicas.
Lo paradójico de la lista del profesor Alonso es que la imposición de tributos no depende de opciones ideológicas. Todos los Gobiernos autonómicos, independientemente de su ideología, han creado una artillería de impuestos que en algunos casos compiten directamente con los estatales en cuanto al hecho imponible. Sobre todo, a partir de la interpretación que dio el Tribunal Constitucional en 2009 a la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas), mucho más laxa para la creación de impuestos que en sentencias anteriores.
El resultado de esta freníética actividad legislativa es que junto a impuestos con reducidísima recaudación, existen otros con bastante potencia a lo hora de ingresar. Tan sólo Cataluña, por el canon del agua, recauda unos 500 millones de euros, mientras que, según aparece en la sentencia del TC, el impuesto de depósitos bancarios ingresará entre 500 millones y 800 millones.
