Confusión total. El Gobierno murciano no sabe quíé hacer con el aeropuerto de Corvera, un mes despuíés de que retirara manu militari la concesión a la sociedad Aeromur, nucleada en torno al 60,7% que posee Sacyr. Esa confusión se ha traducido en contradicciones públicas entre el presidente, Ramón Luis Valcárcel, y su vicepresidente y consejero de Economía, Juan Bernal, considerado el estratega de la operación que cristalizó con el final de la concesión a Aeromur tras negarse el Ejecutivo regional a aceptar la propuesta de la constructora de abrir el aeropuerto en abril de 2014, renegociando la concesión y convirtiendo el príéstamo sindicado bancario de 197,5 millones de euros avalados por la Comunidad en un críédito participativo.
El pasado miíércoles 23, el presidente Valcárcel dijo en rueda de prensa sobre los contactos que se rumoreaba que se estaban produciendo con Sacyr para reconducir la situación: “Lo veo complicado, pero no hay que tirar nunca la toallaâ€. Tras estas palabras, y aunque ambos supuestos interlocutores (comunidad autónoma y Sacyr) declinaban hacer comentarios precisos al respecto, se daba por hecho que los contactos se estaban realizando. Dos días más tarde, el viernes 25, tras el Consejo de Gobierno preceptivo, el consejero de Obras Públicas, Antonio Sevilla, aseguró que para negociar el desbloqueo del aeropuerto, "tiene que haber una propuesta de la otra parte y algo concreto", cosa que según íél "no existe a fecha de hoy".
Pero el martes 29 a mediodía, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, negó en rueda de prensa que existan negociaciones con Sacyr para encontrar una salida al atolladero en que se ha convertido el aeropuerto de Corvera, pendiente de un nuevo concurso público de adjudicación que la Comunidad Autónoma quiere convocar antes de final de año. Un plan que se ha visto alterado despuíés de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendiera cautelarmente la toma de posesión del aeropuerto y de que posteriormente levantara estas medidas, pero instando al Gobierno regional a que tome las resoluciones oportunas para hacerlo, dando a entender que el uso de la Guardia Civil no es el recurso más adecuado.
Más que las razones jurídicas, una parte del equipo de Valcárcel considera oportuno revisar la suspensión a Sacyr por razones económicas. De momento, la rescisión de la concesión provocó la declaración de preconcurso de Aeromur, por lo que los 200 millones de deuda avalados por Murcia han pasado a computar a la comunidad autónoma. Las estrecheces económicas de la región, cuya deuda cotiza en los mercados cerca del bono basura, han obligado a negociar con Hacienda un techo de gasto presupuestario (4.000 millones de euros para 2014) que recoja el coste provocado por esta maniobra. El coste financiero de esta decisión puede terminar resultando más caro que haber procedido a la apertura y puesta en marcha del aeropuerto.
Además, el Gobierno murciano parece haber caído ahora en la cuenta de las dificultades existentes para que cualquier empresa se presente a un concurso público para gestionar Corvera con la doble obligación de asumir el príéstamo sindicado de casi 200 millones de euros, más una compensación a Aena de, al menos, otros 50 millones para que cierre el actual aeropuerto de San Javier. Todo este escenario de costes para una infraestructura cuya viabilidad está bajo sospecha hace que el único interesado en participar pueda ser el gestor aeroportuario público, aunque en proceso de privatización, ya que por un lado accedería a un activo nuevo y por otro absorbería a un potencial rival del aeropuerto de Alicante.
En cualquier caso, la resolución del contrato con Aeromur puede seguir coleando, ya que la concesionaria controlada por Sacyr reclama 30 millones de euros por la liquidación de la concesión, al entender que su trabajo en la construcción de Corvera se ha ajustado a los plazos y que los retrasos denunciados por el Gobierno de Murcia obedecen a los cambios normativos sobrevenidos (certificación del aeropuerto, desarrollo de competencias regionales, reorganización del espacio aíéreo). Otra cuestión es la puesta en marcha del aeropuerto, para la que la concesionaria reclama un reequilibro del contrato, opción no recogida en el pliego de condiciones, ya que considera deficitaria su explotación con las premisas de la licitación de 2004.
