Consejo de administración vital el que FCC ha convocado para este miíércoles 15 de octubre. La reunión tiene como punto principal aprobar la ampliación de capital por 1.350 millones con los que reforzar los recursos propios del grupo y suavizar sus elevados costes financieros. Pero la principal accionista del holding, la familia Koplowitz, se niega a día de hoy a firmar la operación porque supondría rebajar su participación a apenas el 25% del capital frente al 50% actual. Un rechazo que acerca al apellido al concurso de acreedores.
Según aseguran fuentes próximas a las negociaciones, Esther Koplowitz se niega a aceptar las condiciones impuestas por BBVA y Bankia, que le han instado a apoyar la ampliación de capital a cambio de que ambos bancos le refinancien la deuda personal de la familia, que ronda los 1.000 millones de euros. Esta deuda está clasificada como “impagada†desde el pasado 15 de septiembre, fecha que expiró la primera prórroga concedida por las entidades financieras despuíés de que la empresaria no hiciera frente al pago de unos intereses a principios de agosto.
BBVA y Bankia le han exigido que, como accionista mayoritaria, respalde la ampliación de capital de 1.350 millones, cantidad que representa el 75% de la capitalización actual. Como las Koplowitz –madre e hija– no tienen dinero para suscribirla, su participación se reduciría a cerca del 15% del capital, posición que la familia se niega a aceptar. Quieren mantener al menos el 30%, el nivel a partir del cual cualquier inversor tendría que lanzar una OPA para controlar el grupo, pero ello implicaría reducir a apenas la mitad la citada ampliación.
De no realizarse por los 1.350 millones, FCC empezará a pagar a partir del próximo 1 de enero de 2015 un 11% de interíés por este importe procedente del Tramo B de la refinanciación de la compañía firmada la pasada primavera. El único acuerdo preliminar es que la ampliación se haga por menos cantidad, por unos 1.000 millones, para que mantengan el 25% y posteriormente puedan suscribir parcialmente la ampliación para alcanzar el 30% deseado. Pero ello requeriría que los 41 acreedores del grupo constructor aceptasen traspasar el remanente del Tramo B al Tramo A, con un interíés mucho más bajo, lo cual, evidentemente, no será fácil.
Los bancos, que ya le han perdonado la vida en varias ocasiones, le piden que apruebe la ampliación y que venda los derechos de sus acciones en el mercado para hacer frente al pago de los intereses que tiene pendiente y los futuros. Si no aceptan, sus empresas patrimoniales –Azate, Dominum y B-1998– irían a concurso de acreedores a partir del próximo 15 de noviembre ya que BBVA y Bankia se quedarían con las garantías, es decir, con las acciones de FCC.
Esther Koplowitz y Alicia Alcocer Koplowitz se resisten a reconocer una realidad que antes o despuíés las llevará a perder prácticamente la mayoría de sus títulos porque, aunque consiguieran salvar este match ball, al reducir su participación recibirán menos dividendos cuando la compañía recupere la remuneración al accionista –suspendida desde diciembre de 2012–, lo que les impedirá en cualquier caso pagar la deuda personal de 1.000 millones.
Reuniones contrarreloj
El 50% de FCC vale actualmente unos 900 millones, con lo que si entregasen hoy sus acciones apenas conseguirían cancelar los príéstamos que BBVA y Bankia (anteriormente Caja Madrid) les concedieron años atrás para comprarle el paquete que estaba en manos de su hermana Alicia. Tras la ruptura de las negociaciones con las dos entidades financieras hace una semana, la familia ha pedido oficialmente reabrirlas con el objetivo de llegar a buen puerto.
González y Goirigolzarri le han trasmitido que la única forma de volver a sentarse a hablar es asumiendo “lo que hayâ€, la última propuesta. Es decir, autorizar la ampliación de capital en FCC y vender los derechos para abonar al menos los intereses. Está previsto que hoy se vuelvan a sentar para iniciar unas conversaciones contrarreloj para llevar el acuerdo al consejo de administración del miíércoles.
De alcanzarse, la compañía convocaría una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la emisión de nuevas acciones el 15 de noviembre. El objetivo final es que la operación estuviese finiquitada antes del 31 de diciembre para evitar que FCC empiece a pagar unos intereses como si fuese una empresa bono basura. La cuenta atrás está en marcha
