Pese a que diferentes miembros del Gobierno justifican el retraso en la publicación del folleto de Aena por problemas legales, este obstáculo, sin embargo, no se ha encontrado en otras privatizaciones en España, donde la misma firma que auditaba la empresa daba el visto bueno a los datos de la operación sin suponer una traba. Pastor asegura que el folleto de la OPV de Aena se aprobará "al final de esta semana".
Más allá de la batalla legal, varias fuentes consultadas por este periódico que estudian y valoran la operación como tradicionales compradores transmiten que realmente hay otro asunto de fondo: el sobreprecio en el rango orientativo de la OPV. Moncloa retrasará a 2015 la OPV de Aena si no se zanja el problema legal.
"Como en toda colocación, aquí se trata de un problema de precios", señalan fuentes muy cercanas a la colocación. Con la horquilla que anunció el Consejo Consultivo de Privatizaciones (de 41,5 a 51,3 euros por acción) el Estado ingresaría entre 3.050 y casi 4.000 millones de euros por vender el 49% de Aena. Pero algunos expertos consideran que se trata de un rango elevado que no ofrece ningún tipo de descuento sobre el sector, algo que sí puede suponer un problema para la colocación. Si los inversores presionan a la baja el precio, esto al final se traduce en menos ingresos para las arcas públicas respecto a las cifras previstas.
Si el mercado exige un descuento del 10%, algo habitual en las OPV, sobre los múltiplos EV/ebitda (capitalización más deuda sobre el beneficio bruto) a los que cotizan los dos grandes comparables de Aena, ADP y Fraport, el Estado podría dejar de ingresar más de 1.000 millones respecto a los cálculos que habría hecho en la parte media de la horquilla.
"Los precios son altos y la venta al cliente se va a enfocar en la rentabilidad por dividendo", apunta un analista que prefiere no ser citado por trabajar para uno de los bancos que venderá al particular. Desde una gestora internacional con gran presencia en España aseguran que no mirarán la operación si el precio que se fije queda entre el rango anunciado. "Yo a ese precio no juego", sentencian.
Sin embargo, el Gobierno lo defiende a capa y espada. "La horquilla de precios es correcta porque se ha establecido en las 10 veces ebitda", afirmó ayer, en cambio, el jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, ílvaro Nadal, quien tambiíén aseguró que "no hay marcha atrás" y que el retraso viene porque al ser una privatización parcial confluyen la normativa pública y privada.
¿Un problema legal?
La Abogacía del Estado debe pronunciarse estos días sobre la doble función de PwC, aunque diferentes fuentes señalan que no se ha producido ningún problema de ilegalidad. El pasado viernes no se publicó el folleto por problemas "tíécnicos" relacionados con esa doble tarea, pues se cuestiona si la misma firma puede auditar a la empresa y firmar la carta de conformidad de la OPV que necesitan los colocadores. La norma es clara.
El reglamento del Parlamento Europeo sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interíés público es claro y recoge que entre los servicios prohibidos para las auditoras hay esta excepción: "La prestación de servicios de verificación en relación con los estados financieros, como la emisión de cartas de conformidad". Justo el punto de discordia.
A este supuesto podría acogerse perfectamente PwC. Y, de hecho, suelen ser los propios auditores los que realizan ese informe, la comfort letter que forma parte de la due diligence que realizan los bancos colocadores para verificar ante los inversores que no hay errores en el folleto. Cuesta creer que la auditora accediera a firmar esta carta sabiendo que podría implicar alguna sanción del ICAC. Es más, la propia Aena encargó un estudio a abogados sobre alguna traba legal, recibiendo una respuesta positiva.
El freno tambiíén llega, en teoría, ante la cuestión de si era necesario haber convocado un concurso público para ello. Pero basta mirar lo que ha sucedido en las últimas operaciones de este tipo. En las OPV de Telefónica, Repsol, Endesa, Iberia, Argentaria, Altadis o Red Elíéctrica fueron los mismos auditores (Arthur Andersen en casi todos los casos) quienes firmaron la carta de conformidad y no hubo conflicto por el hecho de que las auditaran en el momento de la colocación.
Un caso más reciente es el de la empresa británica de servicios postales Royal Mail, privatizada el año pasado con la firma de Ernst & Young en sus cuentas y tambiíén en los datos de la OPV. De hecho, es una práctica generalizada tanto en las privatizaciones como en las colocaciones privadas.
A la espera de que se aclare la situación, fuentes de la operación consultadas ayer por elEconomista insisten en que el proceso sigue adelante y que el Consejo de Ministros dará luz verde el viernes permitiendo a la CNMV publicar el folleto.
La oposición pide paralizar el proceso
A los problemas legales y los de rango de precio, se le sumó ayer otro contratiempo: el político. Todos los grupos de la oposición pidieron ayer en el Congreso que se paralice el proceso de privatización parcial de Aena, pero el PP rechazó la solicitud argumentando que esta operación se enmarca en una "tendencia mundial" de entrada de capital privado en este tipo de entidades. El portavoz del Grupo Popular de Fomento, Andríés Ayala, recalcaba ayer que la gestión seguirá siendo pública, que no se van a cerrar aeropuertos y que "no se va a vender más del 49%" del capital de Aena. Por su parte, el portavoz de Fomento del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Luis Gordo, acusó al Ejecutivo de Mariano Rajoy de llevar tres años preparando la venta de Aena y de despedir a más de 1.200 trabajadores. Gordo denuncia que la intención es privatizar hasta el 60%.
