El recetario económico de la formación de Pablo Iglesias toparía con la Constitución, supondría incrementar de forma abismal el gasto público, espantaría a los inversores y cerraría el acceso a los mercados internacionales. Tambiíén se multiplicaría la evasión de capitales ante la mayor presión fiscal.
Una mayor intervención del Estado en la economía y reorientar la política económica hacia el gasto social. Así puede resumirse la propuesta de Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias y cuyo respaldo social está creciendo rápidamente desde que el pasado mes de mayo diese la campanada al lograr cinco eurodiputados. El programa «colaborativo» (elaborado a partir de aportaciones enviadas por algunos simpatizantes) presentado entonces contenía algunas propuestas que posteriormente han sido matizadas por sus dirigentes, a las que se han sumado medidas surgidas de la Asamblea Ciudadana en la que la formación se halla inmersa para organizarse como partido político. La suma de esas prioridades y los pronunciamientos de los portavoces más destacados de la formación consustancian un programa de tintes radicales, que tendría consecuencias enormemente graves para la economía española y que según los expertos consultados no sería aplicable. Las principales son:
Renta básica universal. Supone la medida nuclear del programa social de Podemos. La idea inicial era establecer una paga universal para todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo, pero los principales dirigentes de la formación han empezado a modular la medida, conscientes de la imposibilidad de su aplicación. Según sus propios cálculos, establecer una renta básica universal en España costaría 145.000 millones de euros, algo imposible de asumir por las depauperadas arcas públicas españolas, ni siquiera aplicando todas las propuestas de Podemos para incrementar la recaudación pública.
Nacionalización de sectores o intervención en las actividades reguladas. El programa de Podemos para las elecciones europeas del pasado mes de mayo generó gran alarma entre los empresarios, al explicitar la intención de sus promotores de volver a nacionalizar las empresas privatizadas en sectores estratíégicos, categoría que concedían a un amplio abanico de actividades: telecomunicaciones, transporte, energía, sanidad, industria farmacíéutica, alimentación, educación... Pero tambiíén en este aspecto el partido emergente ha tratado de modular su mensaje en las últimas semanas. Su portavoz y previsible secretario general (la votación definitiva se celebrará del 10 al 14 de noviembre), Pablo Iglesias, afirmaba recientemente que «a veces la fórmula puede ser la nacionalización y otras no», para a continuación advertir de que en caso de que Podemos gobernara se darían instrucciones obligatorias a las empresas (como fijar un precio «político» de la electricidad) y que a las que no las obedezcan «a lo mejor les nacionalizo la empresa». Otro tipo de control se impondría sobre los medios de comunicación, para los que la formación liderada por Iglesias propone, entre otras medidas, limitar las posibilidades de concentración, estableciendo cuotas de mercado máximas en prensa, radio y televisión que no podrían ser superadas por ningún grupo.
Auditoría de toda la deuda pública. Es una de las principales banderas de la organización. Una propuesta inspirada en las revisiones de la deuda pública emprendidas por algunos líderes bolivarianos de Amíérica Latina tras llegar al poder, como Rafael Correa en Ecuador, recogida posteriormente por los movimientos de protesta contra los ajustes presupuestarios y que ha sido asumida por otros movimientos de corte contestatario como la Coalición de Izquierda Radical (Syriza) en Grecia. En el caso español, Podemos reclama hacerlo para todo el endeudamiento estatal, autonómico y municipal. El economista Daniel Lacalle advierte del efecto demoledor que tendría esa auditoría con el objetivo final de reestructurarla y acabar impagando la parte que se catalogue como ilegítima: «Inmediatamente, se secaría el críédito al Estado y a las empresas privadas». Por otro lado, tampoco hay que olvidar que las consecuencias perversas de un replanteamiento de la deuda pública las sufriría tambiíén la Seguridad Social, ya que el 90% del fondo de reserva de las pensiones está invertido en bonos estatales.
Presupuestos municipales colaborativos. Podemos no se presentará a las elecciones locales del próximo año ante las dificultades para presentar candidatos idóneos en la mayoría de los municipios españoles. Pero sí apoyará a algunas de las candidaturas que se presenten, siempre y cuando asuman medidas como la auditoría de la deuda municipal, impulsar un nuevo modelo de financiación pública orientado hacia la «economía social» e implantar los presupuestos municipales colaborativos. Es decir, que las cuentas anuales de cada ayuntamiento se decidan de forma asamblearia. Este modelo de gestión pública supondría una enorme ralentización de las administraciones locales, además de convertir el proceso de elaboración en una jaula de grillos.
Paralizar las privatizaciones en Sanidad y reintegrar en el sector público los centros privatizados. La propuesta sobre la Sanidad Pública es otra de las emanadas de la Asamblea Ciudadana celebrada en el Palacio de Vistalegre de Madrid los pasados 18 y 19 de octubre y que deberán incluirse obligatoriamente en el programa de Podemos en las próximas elecciones generales. La idea fuerza es incrementar el peso de la Sanidad pública, aumentando su financiación, eliminando los copagos, paralizando los procesos de privatización en curso y revirtiendo todas las externalizaciones que se hayan producido en los últimos años.
Despenalizar la ocupación de viviendas vacías. «Ganar el derecho a la vivienda». Así resume Podemos sus propuestas en materia de vivienda, entre las que destaca, sin lugar a dudas, la legalización de la ocupación de las viviendas vacías. El partido enmarca esta medida extrema como una forma de frenar los desahucios, pero emprender un cambio tan drástico genera dudas entre los juristas. «Sería necesaria una reforma de la Constitución para poder hacerlo», advierte Andríés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra. «Toda ocupación es ilegal, no cabe en la legislación actual; sólo está contemplada la expropiación previa compensación económica a los legítimos propietarios», puntualiza. Podemos tambiíén propone incrementar los alquileres sociales, garantizar «soluciones habitacionales» en caso de desalojo forzoso o la dación en pago con carácter retroactivo.
Reforma educativa de carácter asambleario. Fue la propuesta más votada en la reciente asamblea ciudadana celebrada por la formación. Sus promotores reclaman derogar de inmediato la Ley de Educación (LOMCE) aprobada por el actual Gobierno y abrir un proceso asambleario para la elaboración de una nueva norma educativa, en el que deberían participar «los distintos agentes que intervienen en la Educación» (estudiantes, educadores, familias, asociaciones y diferentes organismos) y consensuarla «con los agentes sociales y la ciudadanía».
Jubilación a los 60 años. Pablo Iglesias ha anunciado que su aspiración sería conseguir que en cuatro años se rebaje la edad de jubilación de los 67 años que contempla la reforma de las pensiones a los 60 años, una propuesta llamativa cuando en todos los países europeos se sigue el camino inverso, pero que el líder de Podemos encuadra como solución al elevado paro juvenil: «repartiendo el empleo para que trabaje más gente». Un buenismo sorprendente que, además, agravaría el problema de las finanzas de la Seguridad Social, puesto que las cotizaciones sociales de los mayores de 60 años que actualmente están trabajando son muy superiores a las que pagarían los jóvenes que les sustituyan, lo que supondría un grave desequilibrio para el sistema público de previsión.
Impuesto a las grandes fortunas. La denuncia de la baja fiscalidad para los grandes patrimonios es otra de las constantes del discurso de Podemos. Para solventarlo, instan a aprobar medidas tan generalistas como crear un impuesto a los grandes patrimonios o combatir la evasión fiscal, pero sin especificar cómo se haría. La experiencia acumulada indica, no obstante, que en aquellos países donde se ha disparado la tributación de las grandes fortunas el resultado ha sido el opuesto al buscado, con grandes píérdidas de recaudación al provocar salida de patrimonios. Una caída de ingresos que sería especialmente peligrosa si se tiene en cuenta que los cimientos de la propuesta económica de Podemos se establecen sobre una mayor recaudación tributaria por esta vía. Además, la propuesta de prohibir las sicav, el vehículo de inversión preferido por las grandes fortunas, terminaría causando que estas personas trasladen sus inversiones a entornos menos hostiles. En este sentido, expresiones que ha usado Iglesias como «a los ricos a veces hay que tratarlos como a los niños pequeños (...) hay que ponerles límites» no son, precisamente, muy tranquilizadoras.
Aumentar el salario mínimo y fijar un salario máximo. Aunque la propuesta de aumentar el salario mínimo no es muy original, sí lo es la de establecer topes salariales a todos los españoles para «reducir los niveles escandalosos de desigualdad» en la actualidad. Una medida de dudosa legalidad, alertan los expertos, que podría provocar una intensa fuga de talento.
