El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere consagrar este jueves en La Moncloa el pacto para ayudar a los parados de larga duración que le permita abordar la última parte de la legislatura con una medida social. Ocurre, sin embargo, que todavía quedan flecos importantes por ajustar entre los representantes del Ministerio de Empleo, patronal y sindicatos, a los que Rajoy ha convocado a las 12.30 en la sede presidencial. Aunque las partes están de acuerdo en el objetivo (reinserción laboral de estos desempleados, que llevan un año o más sin trabajo y han agotado su protección) y reconocen que han aproximado posiciones, discrepan en la cuantía, la vigencia y el universo, cuestiones que no son baladíes, ya que ponen cifras a letra y música.
Para limar diferencias Rajoy reunirá a su ministra de Empleo, Fátima Báñez; a los secretarios generales de UGT y CC OO, Cándido Míéndez e Ignacio Fernández Toxo, y a los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, que tendrán que aparcar sus cuitas en la pugna por presidir la gran patronal. Sobre la mesa la propuesta del Programa Extraordinario de Activación para el Empleo que las partes negocian desde que el 29 de julio decidieran acabar, tambiíén en La Moncloa, con los problemas en este ámbito, el desempleo juvenil y los procesos de intermediación.
El objetivo de jefe del Ejecutivo es que el programa se apruebe antes de que acabe el año, mientras patronal y sindicatos reseñan que la cita responde más a dificultades de agenda del presidente para convocarles más tarde que a la realidad. No obstante, existen esperanzas de que el presidente abra el camino a un acuerdo definitivo. En ese sentido, subrayan que están dispuestos a negociar allí mismo con Rajoy.
El Gobierno quiere que la duración de las ayudas, que se percibirían durante seis meses, sea hasta que acabe la legislatura (o sea, hasta final de 2015) con una cuantía de 399 euros al mes (el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos) que se elevaría a 453 euros (85% del IPREM) en caso de que el parado tenga a su cargo tres o más personas. Según los cálculos, el universo al que afecta, de acuerdo con ese primer objetivo, asciende a 309.760 personas. De ellos, 186.591 serían los que han agotado la ayuda o prestación hace al menos un año. Otras 123.169 personas se incorporarían en los siguientes meses hasta la finalización del programa en diciembre de 2015.
Los sindicatos han pedido, sin embargo, que la cuantía sea mayor y, sobre todo, que el periodo para beneficiarse se eleve al menos dos años. Es decir, más allá del fin de la legislatura, con lo que afectaría a más desempleados y resolvería parte del problema de la pronunciada caída de la cobertura contra el desempleo, que ha bajado de un máximo del 80% en 2010 al 57% del paro registrado. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) existen hoy 750.000 hogares que no reciben ingresos, por lo que serían potencialmente beneficiarios. No obstante, fuentes del Gobierno han apuntado que la cifra sería inferior por el plazo fijado y porque algunos reciben otro tipo de subsidios (estatal, autonómico o local) o de ingresos (alquileres o renta de propiedad).
La patronal, por su parte, busca incentivos. Ya que el programa contempla una ayuda de acompañamiento que permita a los beneficiarios incorporarse a un empleo con la percepción de parte del salario como complemento, pide que las empresas reciban alguna compensación como una cotización reducida o la exención total de la misma hasta un año.
Según los requisitos, podrán acceder los desempleados que en algún momento de su vida laboral hayan trabajado y extinguido su relación laboral por causa involuntaria; que no tengan protección y hayan agotado el programa PREPARA de recualificación o la Renta Activa de Reinserción (RAI) hace más de un año y no tengan derecho a percibir un salario social, renta mínima de reinserción o ayudas análogas; que carezcan de rentas y tengan responsabilidades familiares (cónyuge, hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad); que no estíén cobrando o hayan cobrado en los últimos 12 meses un derecho social, y que hayan permanecido inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo.
Además, los beneficiarios deberán suscribir un compromiso para facilitar su reinserción mediante una Búsqueda Activa de Empleo (BAE) y acreditarlo ante los servicios públicos durante el plazo de un mes desde la solicitud; participar en las acciones que les propongan los servicios de empleo y que formarán parte del Itinerario Personalizado de Inserción (IPI) elaborado con carácter previo; no rechazar ninguna oferta adecuada y acreditar el cumplimiento de esas condiciones durante el desarrollo del programa.
El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero instauró una ayuda de 426 euros, que en marzo de 2011, cuando creó el PREPARA, bajó a 400. En agosto de 2012, el PP mantuvo la cifra, aunque introdujo un límite de renta y la posibilidad de elevar a 450 euros para los parados con dependientes.
