El Tribunal de Cuentas, en su informe de octubre de 2014 sobre la gestión de la Fundación Tripartita, ha denunciado la existencia de "incidencias en la ejecución y justificación" por importe de 52.783.272 euros en los planes de formación presentados por los agentes sociales, correspondientes a año 2010. Empleo fijará el coste de la formación en las empresas para evitar fraudes.
Este importe supone el 61 por ciento de los más de 87 millones de euros a que ascienden las subvenciones de los importes examinados por el órgano fiscalizador del Estado y corresponden a los planes sectoriales las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, además de uno de autónomos de Comisiones Obreras y otros dos sectoriales: el de la Federación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada y el de la entidad bipartita Fundación Laboral de la Construcción.
Los importes totales de la incidencias detectadas en el informe de fiscalización son de 6.616.396 euros en el caso de CEOE; 11.743.764 euros en Cepyme; 3.332.919 en UGT y 1.431.478 euros en CCOO, de los que 932.815 euros corresponden al plan intersectorial y 498.663 euros al plan de autónomos.
Además en el caso de la Fundación Laboral de la Construcción el importe de las anomalías se eleva a 29.658.715 euros, mientras que no se cuantifican para la Federación de Empresas y Centros de Hospitalización Privada, aunque el Tribunal resalta que "sus observaciones abarcan al conjunto de la ayuda concedida".
Hay que matizar que en el caso de CEOE, las irregularidades se refieren al periodo de la presidencia de Gerardo Díaz-Ferrán, que luego fueron corregidas durante el primer mandato del actual presidente, Juan Rosell.
El Tribunal de Cuentas divide las incidencias denunciadas en cuatro apartados: las relativas a los rendimientos financieros de la subvenciones, que "son mínimas"; las relativas a la subcontratación; las correspondientes a los costes; y las que afectan a las acciones formativas.
En el caso de la subcontratación de los planes, es decir el encargo a un tercero del total del plan subvencionado, o a la contratación de determinados servicios (proveedores de aulas, material, etc), las incidencias se refieren a "la falta o insuficiencia de documentación, la imposibilidad de verificar que la subcontratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado, imputación de costes mayor que el importe autorizado, subcontratación por encima de los límites legales o sin las tres ofertas requeridas, y la subcontratación de empresas vinculadas sin previa autorización".
Costes superiores al mercado
Las irregularidades principales aparecen en los costes donde el Tribunal advierte "imputación de costes por encima de los precios de mercado, imputación de costes indirectos que se subvencionan al 25 por ciento como si fueran directos (se subvencionan al 100 por cien), imputación de costes extemporáneos y defectos formales en la documentación justificativa".
Tambiíén en este apartado el Informe de fiscalización denuncia la existencia de "certificaciones salariales no válidas" y en el caso de la CEOE destaca que "se han llegado a imputar como coste subvencionable parte de los salarios del Director Gerente (un tercio) y del Director de Relaciones Laborales de esa organización (un cuarto)".
Revela, además, la imputación de la facturación entre organizaciones por costes de organización de planes", explicando que "CEOE facturó a Cepyme costes de organización de su plan por un importe superior al que aquella había imputado como coste de organización de su propio plan".
Finalmente las irregularidades en materia de acciones formativas corresponden a "cursos en los que la totalidad de los alumnos fueron los propios empleados de las organizaciones beneficiarias y de sus proveedores y subcontratistas y cursos en los que todos los alumnos pertenecen a la misma empresa".
El Tribunal de Cuentas matiza que debe tenerse en cuenta que "los costes incidentados sólo en casos concretos se acompañan de una indicación de algún tipo de actuación para la Fundación Tripartita o para el SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal)".
Asimismo advierte que el informe del Pleno aún está pendiente del dictamen de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado en el Tribunal y que "estos podrían indicar actuaciones concretas tanto en relación con los posibles reintegros como en la exigencia concreta de responsabilidades".
Josíé María Triper
