La City de Londres ha esquivado una peligrosa estocada del Banco Central Europeo que, con un movimiento taimado y certero, ha intentado traerse a la zona euro la lucrativa fontanería financiera de la moneda europea, que ahora se realiza en gran parte en la capital británica.
Por suerte para la City, el Tribunal de Justicia europeo dio hoy la razón al Gobierno británico, que impugnó las directrices dictadas por el BCE para exigir que los intermediarios encargados de la liquidación de operaciones bursátiles en euros (en efectivo, con valores y con derivados) estuviesen domiciliados en algún país de la Unión Monetaria.
España, que en 2011 y 2012 sufrió el castigo de algunas de las cámaras de compensación domiciliadas en Londres que endurecieron las garantías exigidas a sus bonos, se personó en el juicio en apoyo de las tesis del BCE, al igual que Francia.
El BCE, España y Francia han acabado perdiendo el juicio, al menos, en primera instancia. La sentencia evita que la City pierda un negocio multimillonario y, sobre todo, que vea cuestionado su papel como principal centro financiero de la Unión Europea, un club en el que todos los socios, salvo Reino Unido y Dinamarca, están obligados a sustituir su moneda nacional por el euro (19 países ya lo han hecho y faltan otros siete).
Pero el mal trago de Londres no ha terminado. El BCE ha encajado una dura derrota, pero no descarta recurrir ante la instancia superior y última del Tribunal Europeo. El fallo de hoy, además, apunta la vía legal para exigir la domiciliación de los operadores en la zona euro, lo que permitiría arrebatar a Londres una buena parte de su negocio financiero. Bastaría un cambio del Estatuto del BCE, que según apuntan los propios jueces podría hacerse por mayoría cualificada en el seno del Ecofin (consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE), es decir, sin posibilidad de veto para Londres.
No parece probable que Bruselas ni Fráncfort vayan a utilizar ese arma legislativa a corto plazo. Pero sin duda se la reservan como un as en la manga para los próximos meses, en los que el debate sobre la relación del Reino Unido con la Unión Europea va a estar especialmente caldeado.
El primer ministro, David Cameron, ha prometido someter en 2016 a referíéndum la permanencia en el club europeo si gana las elecciones del próximo mes de mayo. Parte de los conservadores de Cameron, los liberales y los laboristas defenderían el sí a la UE en esa consulta. Pero el ala más euroescíéptica de los tories y el emergente partido conservador Ukip (Reino Unido Independiente) abogan por la salida.
El conflicto sobre las cámaras de compensación muestra que tal vez ni Cameron ni su rival, Nigel Farage, líder de Ukip, han valorado bien la estrecha vinculación entre el Reino Unido y la zona euro. O al menos, no se lo han contado (todavía) a sus potenciales votantes. El BCE, presidido por Mario Draghi, ha demostrado que con una simple interpretación tíécnica puede dar un gran bocado al Producto Interior Bruto de Reino Unido, muy dependiente del centro financiero londinense.
La City y gran parte de la patronal británica son conscientes de esa amenaza y ya se están movilizando para frenar a los partidarios del llamado Brexit (es decir, la salida -exit- de Gran Bretaña). El susto del BCE probablemente acentúe esa campaña a favor del sí.
Tres años de sobresaltos
Este primer susto en la City comenzó en julio de 2011, cuando el BCE publicó un “Marco de la política de vigilancia del Eurosistemaâ€, inofensivo en apariencia. Pero Londres se percató en seguida de que se trataba de un jaque a la City y recurrió ante Luxemburgo.
Raoul Raperel, analista de OpenEurope, un lobby británico, parece convencido de que la decisión del BCE anulada por el Tribunal de la UE obedecía a razones de índole política y no de estabilidad financiera. “LCH.Clearnet [la cámara de compensación de la Bolsa londinense] opera con 17 divisas y las cámaras de compensación de la zona euro trabajan con varias monedas y el BCE nunca ha expresado ninguna preocupaciónâ€, señaló ayer Raperel en su análisis sobre la sentencia.
La sentencia considera que el BCE se extralimitó en sus competencias al exigir que las cámaras de compensación en euros se domicilien en la zona euro. El fallo preservará el negocio de empresas británicas como CME Clearing Europe, ICE Clear Europe o LCH.Clearnet o de la sueca NOMX. Pero la zona euro ha dejado claro que en cualquier momento podría repatriar una actividad que al año ejecuta operaciones por valor de 14 billones de euros en metálico y 190 billones en derivados. Muchos euros para dejar que se negocien siempre en tierra hostil.
Bernardo de Miguel