Reyal sólo tiene hasta fin de mes para realizar las sustanciales modificaciones que le exige el juez en su anterior propuesta de convenio de acreedores, no admitida por íéste la pasada semana. Antes de que íéste rechazara la propuesta, los acreedores tenían hasta el 13 de marzo para sumarse o no al convenio. Ahora estos plazos han quedado congelados a la espera de que la inmobiliaria pueda presentar antes de fin de mes un nuevo documento que cumpla con las exigencias del magistrado. Dada la complejidad de la situación de Reyal, con todos sus activos hipotecados de forma mancomunada, la labor se presenta complicada, acercando a Reyal al abismo de la liquidación.
En el auto, comunicado a las partes el pasado viernes, el magistrado exige a la inmobiliaria que aporte una "justificación objetiva del carácter necesario e imprescindible" de las quitas y esperas solicitadas.
Reyal proponía a sus principales acreedores dos alternativas de pago. En la primera, los críéditos tendrían una quita del 90% y ese 10% se pagaría con la dación en pago de activos. Los lotes se adjudicarían a las entidades en función de un sorteo que Reyal afirma haber realizado ante un notario el pasado 10 de febrero.
La segunda vía para esos críéditos consiste en aplicar quitas de entre el 88 y el 93%, en función del tramo del críédito sindicado, y una espera para el cobro de seis años, con otros cuatro de carencia.
No es la única ni la más importante exigencia del juez. En el auto tambiíén se pide que se elimine de la propuesta el "efecto arrastre" que supondría que Reyal afirme que se extenderían los efectos del convenio a los acreedores que no se sumaran, siempre que se alcanzara una adhesión del 75%.
Según fuentes cercanas al proceso, este punto supondría que los acreedores con hipotecas mancomunadas perdieran su situación privilegiada, mientras la actual ley no contempla este efecto, por lo que sólo sería posible lo propuesto por la inmobiliaria si íéstos renuncian voluntariamente a sus derechos.
Un reparto aceptable
De haberse aceptado la propuesta, afirman, se podría dar el caso de que un acreedor resultara con un activo adjudicado, pero sin posibilidad de venderlo, ya que sobre íél habría hipotecas a favor de terceros. Con la exigencia del juez, a Reyal se le cierra la posibilidad de hacer un reparto de activos entre acreedores que sea aceptable por íéstos, ya que en la práctica se debería conseguir un acuerdo unánime entre todos los beneficiarios de hipotecas.
El juez tambiíén exige que Reyal aclare si tiene un acuerdo con Hacienda y cuáles son sus tíérminos. La inmobiliaria explica en su propuesta de que la deuda con la Agencia Tributaria será satisfecha en los tíérminos que resulten del correspondiente "acuerdo singular".
En la propuesta de convenio Reyal se reservaba, para garantizar el futuro de la compañía, activos valorados en 261 millones de euros, de los que 134 se destinaban a Hacienda, aunque sin explicar de que forma iba a liquidar su deuda con el Fisco. Entre estos activos estaban dos hoteles, los de Baqueira y Atocha, la concesión de la esquina del Bernabíéu, la sede en la calle Ayala y una serie de suelos.
El pasivo de Reyal asciende a unos 3.900 millones, mientras su activo es de 1.331 millones. Una valoración que el juez tambiíén pide revisar. Su principal acreedor es la Sareb, con el 19% del total, seguido del Santander, RBS, Barclays, ICO y Banco Popular
El Economista
