El Gobierno prevíé aprobar en las próximas semanas un real decreto sobre recapitalización y reordenación del sistema financiero. Esta norma, diseñada por el Banco de España, establecerá las pautas para que una caja de ahorros pueda ser capitalizada a travíés de emisiones de preferentes avaladas por el Estado. Sólo contarán con este sello los grupos que presenten planes de negocio con futuro.
El Estado sólo avalará a las entidades financieras, principalmente a las cajas de ahorros, que lo necesiten pero sean solventes. Es decir, que cuenten con planes de negocio de futuro. Como mínimo tres años, explican fuentes financieras conocedoras de las intenciones del Banco de España.
El documento tiene que lograr aún, no obstante, el consenso con la principal formación de la oposición, el Partido Popular. Pero todo apunta a que el PP dará el sí a la nueva norma, primera que aprobará, previsiblemente, la nueva vicepresidenta económica, Elena Salgado.
La iniciativa sobre recapitalización y ordenación del sistema financiero español tiene como principal objetivo inyectar capital a las cajas de ahorros, entidades que tienen limitada su capacidad de acudir al mercado para recabar recursos propios, como explicó el gobernador del Banco de España, Miguel íngel Fernández Ordóñez, el pasado día 2 de abril en el Congreso.
Pero para que las cajas logren este objetivo tienen que cumplir un requisito esencial. Deben presentar un plan de reestructuración y de negocio para los próximos años, con lo que se limita el número de entidades que puedan solicitar su recapitalización, ya que no todas pueden hacer previsiones a medio plazo dada la situación actual, con un aumento espectacular de la morosidad.
Todas las fuentes financieras consultadas aseguran que de esta forma se impulsan las fusiones entre las instituciones de ahorro. Algo lógico, ya que lo primero que quiere el supervisor es reducir en más de la mitad el número actual de cajas de ahorros, para pasar de 45 a una quincena en un plazo de dos a tres años. Además, y como viene repitiendo desde hace semanas Fernández Ordóñez, el Gobierno prefiere soluciones privadas para rescatar a las entidades.
Las fusiones lograrían el doble objetivo de salvar a entidades sin futuro a medio plazo, a la vez que fortalecerá a la caja absorbente siempre y cuando se realice una reestructuración en la institución resultante, con venta de activos, oficinas y cartera industrial.
Esta vía de recapitalización, que se incluirá en el denominado Fondo de Reestructuración, descarta así una de las peticiones de algunas cajas, como Caixa Catalunya, que reclamaba que se inyectara capital a todas las entidades financieras. El denominado manguerazo.
Esta posibilidad ha sido rechazada por todos los bancos e, incluso, por la propia CECA. Su presidente, de hecho, Juan Ramón Quintás, ya afirmó en el Congreso que estas recapitalizaciones tendrían que ser voluntarias, pero sólo se concederían a aquellas entidades que fuesen solventes.
Además, sus gestores tendrán que pagar las consecuencias. La principal vía para recapitalizar a las cajas sería a travíés de avales del Tesoro para las nuevas participaciones preferentes. Estas emisiones computan como recursos propios de primera categoría, es decir, como las ampliaciones de capital. Las cuotas participativas tambiíén podrían ser avaladas.
Un 35% menos de empleados o un 54% menos de oficinas
Las cajas ya han comenzado a hacer sus combinaciones -en algunos casos teóricas y en otras ya han iniciado conversaciones- para buscar la fusión más rentable en el caso de que la necesiten. Las entidades de mayor como La Caixa o Caja Madrid, intentarán, que si tienen que acudir al rescate de otra homóloga, que les sea lo más eficaz posible, sin tener que destruir empleo con el cierre de oficinas. Según algunos informes de expertos, para que las cajas tuvieran un ratio de activos por empleado como el de los bancos tendrían que reducir su plantilla un 35% -el sector de cajas ha sido casi el único español que ha generado empleo en las últimas díécadas- o cerrar el 54% de sus sucursales.
