4,6 millones de euros. Esta es la cantidad que Alberto Cortina y Alberto Alcocer reclaman al Estado por los "daños injustos" que afirman haber sufrido por el caso Urbanor. Absueltos gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que estimó prescritos los delitos, pero que no cuestionó que los Albertos cometieran una estafa, ambos empresarios pretenden ahora que el Estado les indemnice invocando perjuicios económicos y morales de un supuesto funcionamiento anormal de la Justicia.
Los Albertos presentaron el pasado 25 de junio una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado que cuantifica en 2.272.639 euros la indemnización correspondiente a Alcocer y 2.374.285 euros la de Cortina.
Los dos empresarios fueron condenados el 14 de marzo de 2003 por la Sala Penal del Tribunal Supremo a tres años y cuatro meses de cárcel por haber estafado a los socios minoritarios de Urbanor, propietaria del solar en la madrileña plaza Castilla donde despuíés se construyeron las torres de KIO.
El Supremo declaró probado que los Albertos engañaron a los constructores San Martín y al grupo valenciano Astor para que vendieran sus participaciones en Urbanor a un precio inferior al pactado con los representantes de KIO en Londres. La diferencia la destinaron a la operación Cartera Central.
El 20 de febrero de 2008, el Tribunal Constitucional modificó su doctrina sobre la prescripción de delitos y anuló la sentencia del Supremo. El Constitucional reconoció que los jueces actuaron correctamente al tipificar los hechos de la estafa.
Sin embargo, estimó que el Supremo vulneró el derecho fundamental de Los Albertos a una "tutela judicial reforzada" porque cuando se inició el proceso penal el delito ya había prescrito.
En acatamiento del fallo del Constitucional, el Supremo emitió una nueva sentencia el 25 de junio en la que absolvió a Cortina y Alcocer, teniendo que devolver los accionistas minoritarios a Los Albertos los 24,6 millones de euros que estos les estafaron. En relación a este dinero están entabladas acciones civiles aún pendientes de resolución judicial definitiva.
Los Albertos denuncian que se les ha privado durante más de cinco años de la tutela judicial efectiva y que tras la sentencia del Supremo se procedió a la ejecución de la responsabilidad civil sin que esta fuera suspendida por el Constitucional, a diferencia del ingreso en prisión.
