Por... MARIAN MARVAL DIAZ
El cheque mensual que le permitía a Jaime Saltí y a su esposa Rebeca llevar una tranquila vida de retiro en Aventura, dejó de llegar en febrero del año pasado.
Desde entonces tienen que estirar al máximo los $1,200 que reciben del Seguro Social en lugar de los $6,000 que les enviaba la compañía Home Equity Mortgage Corporation (HEMC), como pago de intereses por sus inversiones en el mercado hipotecario.
Los Saltí no están solos en esta crisis.
Cientos de inversionistas, la mayoría pensionados de origen cubano que confiaron durante díécadas en la solidez de la empresa y recibían intereses más altos que los del mercado bancario, perdieron los ahorros de toda su vida.
Ahora lo único que guardan es una remota esperanza de que algún día puedan recuperar su dinero.
La Oficina de Regulación Financiera de la Florida calcula que al momento de la intervención, HEMC manejaba inversiones de $180 millones de unos 400 inversionistas.
Desde el pasado febrero, HEMC está bajo control del interventor estatal Michael I. Goldberg, que demandó civilmente a la empresa en la Corte del Condado de Miami-Dade por la presunta violación de varios estatutos de la Florida que regulan los críéditos hipotecarios y la protección al inversionista.
En un comunicado de prensa, la oficina reguladora alegó que la empresa manejaba príéstamos sin tener registro oficial para hacerlo, engañó a los inversionista y malversó su dinero.
Hace 17 años, Saltí, de 82 años, invirtió los ahorros de su vida en HEMC. Todos los meses recibía 13 por ciento de interíés del dinero colocado en las hipotecas que HEMC le recomendaba.
"Ahora ¿con quíé cubro mis gastos? ¿Cómo resuelvo mi vida?", se preguntó Saltí, quien solía gastar $7,200 mensuales. "Ahora me arreglo con $1,200, ya no puedo ni salir a la calle''.
Desde hace 30 años, HEMC, la empresa de Ana María Davide y sus hijos Salvatore y Anthony, se dedicó al mercado hipotecario. La firma concedía príéstamos para la compra de propiedades. Los críéditos, a su vez, eran parcialmente financiados con el dinero de los inversionistas a quienes la empresa les concedía como garantía la hipoteca de la propiedad vendida.
La intervención se produjo a raíz de que la firma dejara de cumplir con los pagos a los inversionistas y a los bancos. Todas las propiedades de los Davide fueron congeladas.
Roy Kahn, abogado de los Davide, explicó a El Nuevo Herald que la crisis financiera que estalló en septiembre del 2008 tuvo un impacto demoledor en las finanzas de HEMC.
Según Kahn, la compañía intentó cumplir con los pagos a los inversionistas que financiaron las hipotecas, pese a que los propietarios de los inmuebles que recibieron los príéstamos dejaron de realizar sus pagos por la situación económica.
"Era más importante seguir pagándoles a los inversionistas porque eran clientes de HEMC desde hacía muchos años, y vivían de esto. Por eso la compañía dejó de pagar a los bancos que tambiíén habían dado príéstamos'', señaló Kahn.
Agregó que HEMC les entregó las propiedades hipotecadas a las entidades bancarias.
"Lo mismo va a pasar con los inversionistas'', indicó Kahn. "Si ellos están de acuerdo, pueden tomar las propiedades o transferirlas a otras compañías que presten el mismo servicio''.
Pero los inversionistas explicaron a El Nuevo Herald que no tienen dinero para recuperar las propiedades que financiaron por sus medios, pues deben pagar los impuestos acumulados, el seguro y los servicios básicos de la propiedad por los meses que se han dejado de pagar, además de ponerse de acuerdo con todas las demás personas que participaron en la negociación de la hipoteca.
"Hablíé con un abogado y me dijo que una demanda me costaría $2,500. Yo no tengo dinero para eso'', indicó Jacobo Misdraji, de 85 de años.
El panorama de irregularidad de HEMC descrito en la demanda de Goldberg, el interventor estatal, no parece tener relación alguna con los efectos de la crisis financiera.
Goldberg afirmó que halló una serie de irregularidades en las finanzas de la empresa, entre las cuales mencionó críéditos hipotecarios vendidos dos veces, príéstamos pagados que no fueron distribuidos entre los inversionistas, retraso en el pago de impuestos a la propiedad de los inmuebles y "otros inumerables asuntos relacionados con la omisión de la expedición de [certificados] de cumplimiento de pago de hipoteca y falta de contabilidad apropiada de los pagos''.
Cuando Goldberg tomó control de la empresa, "las cuentas bancarias de HEMC estaban desocupadas y aún las cuentas de respaldo [scrow accounts] habían sido saqueadas por los directivos de HEMC'', afirmó la demanda de la Oficina de Regulación Financiera de la Florida.
Misdraji y Saltí dijeron que descubrieron asombrados que HEMC le había concedido la primera hipoteca sobre la misma propiedad a varios inversionistas.
Misdraji explicó que invirtió en una hipoteca de primer grado de una propiedad, por lo que espera recibir 11.5 por ciento de interíés anual. Sin embargo, supo que otros seis inversionistas tambiíén aparecían como beneficiarios de la hipoteca de primer grado de esa misma propiedad.
Kahn, abogado de HEMC, explicó que es improbable que haya ocurrido lo descrito por Misdraji, porque es ilegal.
‘Cuando el negocio de los bienes raíces era bueno en los últimos 15 años todo el mundo amaba a HEMC, pero cuando la economía declinó, entonces culpan a HEMC'', indicó Kahn.
Precisó que los inversionistas que tenían segundas hipotecas creyeron tener la primera opción.
"Si las personas que invirtieron creen haber perdido dinero deben contactar al interventor para hacer sus quejas'', señaló Kahn.
Saltí, Misdraji y Olga Swaig, de 84 años, admiten que será difícil recuperar su dinero.
Misdraji relató que desde hace cinco años comenzó a hacer negocios con HEMC. En el momento de la intervención de la compañía tenía $160,000 invertidos en seis hipotecas, cantidad que aún no ha recuperado.
Añadió que en enero del 2009 recibió los últimos cheques de la compañía, pero el banco los rechazó porque ya la Corte había desautorizado a los Davide para firmar cheques.
Kahn destacó que hasta este lunes 11 de enero se podrán emitir las solicitudes de reclamo en contra de la compañía en la oficina del interventor para que los acreedores puedan ser compensados, lo cual puede tomar al menos un año.
