La batalla entre promotores y opositores al uso de energía nuclear inició con la decisión del gobierno de impugnar ante la Corte Constitucional las leyes de las regiones de Basilicata, Puglia y Campania, que impiden la construcción de centrales en su territorio.
Prohibida por un referíéndum popular en 1987, al calor del debate generado tras la explosión de la planta nuclear de Chernobyl (en abril de 1986), la energía nuclear es ahora una prioridad para el ejecutivo de Silvio Berlusconi, que la ve como la solución ante las crecientes necesidades energíéticas del país.
"El retorno a la energía nuclear hará que las facturas (de energía) sean más ligeras y las empresas más competitivas", prometió il Cavaliere este sábado, tras confirmar su decisión de no dar un paso atrás en el proyecto.
Pero la ley que prevíé el retorno al atómo como fuente de energía, ya aprobada por el Parlamento, ha chocado con la decisión de gobiernos locales de impedir que sus territorios se conviertan en sede de las centrales nucleares, rechazadas por la mayor parte de la población.
Para tutelarse en la materia, las sureñas regiones de Puglia, Campania y Basilicata, gobernadas por la oposición, emitieron leyes "ad hoc".
"Puglia será una región desobediente, continuaremos diciendo no a la energía nuclear", declaró el gobernador Nichi Vendola, del opositor Partido Refundación Comunista.
"Haremos que nuestro territorio sea respetado", lo secundo el gobernador de Basilicata, Vito de Filippo, del tambiíén opositor Partido Democrático, al igual que su par de Campania, Antonio Bassolino, según el cual la Corte Constitucional reconocerá la legitimidad de las leyes contra las plantas nucleares.
En el frente opuesto, el ministro de Desarrollo Económico, Claudio Scajola advirtió que las normativas emitidas por esas regiones para impedir la construcción de las plantas no reconocen la exclusiva competencia del Estado en materia de protección del medio ambiente, de seguridad interna y la competencia.
"El retorno a la energía nuclear es un punto fundamental del gobierno de Silvio Berlusconi, indispensable para garantizar la seguridad energíética y combatir el cambio climático reduciendo la emisión de gases que producen el efecto invernadero", declaró Scajola, tras anunciar la presentación del recurso ante la Corte Constitucional.
Para intentar convencer a los escíépticos, el gobierno prometió 10 millones de euros anuales (unos 15 millones de dólares) a los municipios que acepten hospedar una planta nuclear.
Asimismo, Scajola confirmó que el próximo 10 de febrero será aprobado definitivamente por el Consejo de Ministros el decreto legislativo que define, entre otras cosas, los criterios para la localización de las centrales nucleares.
"Se trata de un acto fascista y fuera de la democracia", denunció el presidente del Partido Verde, Angelo Bonelli, según el cual se impondrá con el ejíército la construcción de las plantas.
Dijo que en realidad el proyecto nuclear esconde el interíés de un sistema industrial que quiere manejar las concesiones para la construcción de las centrales. "Los italianos serán más pobres porque las facturas energíéticas aumentarán, pero las grandes familias de la industria y las lobbies de poder serán más ricas", aseguró.
Por su parte, el presidente del opositor partido Italia de los Valores, Antonio Di Pietro, anunció la recolección de firmas para pedir un referíéndum contra el retorno al uso de la energía nuclear y aseguró que el tema puede ser causa hasta de "una guerra civil".
El proyecto prevíé que el grupo energíético inicie la construcción de la primera planta en 2013, que entraría en operación en 2018, para que en 2030 la energía nuclear cubra el 25 por ciento de las necesidades energíéticas italianas lo que, según expertos, requerirían ocho centrales de última generación. (Con información de Notimex/JOT)
