"El Estado soy yo". Esta frase atribuida a Luis XIV, parece inspirar ahora la política del presidente Rodríguez Zapatero. O, al menos, eso es lo que se desprende de la tramitación de la enmienda introducida por el Grupo Socialista a la Ley de Sociedades Anónimas por la que se elimina la limitación al número máximo de votos que puedan emitir los accionistas, además de suprimir los cláusulas estatutarias o "blindajes" de las sociedades cotizadas en las que se establezca esta limitación.
La enmienda, que supone dar vía libre a las ofertas públicas de adquisición (las llamadas opas hostiles) ha abierto un nuevo frente interno en el Gobierno y el PSOE, donde confirman que nadie en el Grupo Parlamentario, excepto el portavoz, Josíé Antonio Alonso, conocía la medida, que se incorporó en el último momento y por orden directa de Moncloa.
Pero Zapatero no sólo ha ignorado a su partido. Tambiíén lo ha hecho con la mayoría de los miembros del Gobierno, incluida la propia vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, que ni fue consultada, ni se lo esperaba.
Dirigentes socialistas, que no ocultan el malestar de la propia Salgado y de su equipo, recordaban ayer las declaraciones del ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, hace unos meses en las que acusaba a Zapatero de tratar a sus ministros "como a secretarias".
Desde el otro lado del espectro político, se limitan a constatar que materializarán su contestación a la medida en los próximos días, como hace el Grupo Popular; mientras que en CiU admiten que todavía no tienen una posición definida.
Más explícitas son las opiniones del mundo empresarial, que califican la decisión de Zapatero de "medida puntual" para apoyar las aspiraciones de ACS y Sacyr en Iberdrola y en Repsol
Por su parte, los expertos consultados por elEconomista aseguran que la enmienda del PSOE es anacrónica y contraria a la doctrina comunitaria.
