Ocho de cada diez euros que deben los municipios están comprometidos en críéditos a largo plazo para pagar inversiones. En total deben a las entidades bancarias 29.762 millones en príéstamos a largo plazo, pero en primer lugar tendrán que hacer frente al pago de 2.392 millones antes de final de año.
La decisión del Ejecutivo de impedir a los ayuntamientos endeudarse a largo plazo entre enero y diciembre de 2011 obedece a la progresiva exposición de los ayuntamientos al críédito a más de doce meses. Según los últimos datos del Banco de España, correspondientes al cuarto trimestre de 2009, la deuda viva financiera de los consistorios se elevaba a 34.595 millones de euros, de los que 32.154 correspondían a príéstamos suscritos con bancos, cajas de ahorro, ICO o entidades en el exterior. De ese volumen, 29.762 millones (el doble que hace diez años) corresponden a críéditos a largo plazo, lo que significa que ocho de cada diez euros que deben los ayuntamientos están comprometidos a largo plazo. Este fuerte incremento de los críéditos a largo plazo obedecen, según fuentes municipales, al fuerte proceso inversor que han acometido los consistorios en los últimos ejercicios, en especial los proyectos plurianuales y aquellos cofinanciados con la Unión Europea.
Pero, por encima de ese problema, surgen los compromisos financieros que tendrán que pagar en el año en curso. Los municipios acumulan una deuda de 2.392 millones en príéstamos a corto plazo, que deberán liquidar a finales de año, en un entorno en el que apenas tienen ingresos por el derrumbe que ha sufrido la construcción, la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos a travíés del impuesto de bienes inmuebles (IBI) o el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Entre ambos representan el 20% de los ingresos.
Refinanciar la deuda pendiente
En este escenario, Juan Bravo, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid (el más endeudado de España, con 6.762 millones) resalta que las negociaciones que iniciarán los alcaldes con el Ejecutivo se centrarán en que se levante la prohibición en 2011 para refinanciar la deuda pendiente. "No estamos en contra de que se prohiba el aumento de la deuda, pero no queremos que se prohiba la refinanciación", señala.
Bravo asegura que la Ley de Haciendas Locales establece que las obras sólo se pueden sufragar con recursos propios, con la venta de suelo o con el recurso a la deuda. "Si se impide la refinanciación de la deuda pendiente, la mayoría de las obras podrían quedar paralizadas", advierte. El delegado madrileño de Hacienda se muestra especialmente crítico con el distinto rasero con el que se ha tratado a los ayuntamientos frente a comunidades y Estado, "a los que se les ha permitido en 2009 y este año destinar parte de los príéstamos a largo plazo para el pago de gasto corriente".
La FEMP dará prioridad a los gastos sociales
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, aseguró ayer que los alcaldes se verán obligados a priorizar en sus políticas de gasto a partir de 2011, ejercicio en el que tendrán prohibido recurrir al endeudamiento a largo plazo. "Los alcaldes tendrán que priorizar y elegir si quieren hacer calles o mantener la beca para el comedor, la ayuda a domicilio, la de asistencia o la de mayores y mujeres", aseguró en una entrevista concedida a Punto Radio.
Ante la posibilidad de que los municipios aprovechen para sobreendeudarse hasta finales de año, Castro aseguró que los ayuntamientos no podrán endeudarse más de los previsto en los presupuestos de 2010 "salvo que haya proyectos cofinanciados por la Unión Europea".
El presidente de la FEMP hizo una encendida defensa de la estabilidad presupuestaria de los ayuntamientos y acusó a las autonomías de trasladarle competencias que no son de su competencia. "El gran problema de los municipios es que están haciendo actividades que deberían hacer las autonomías y por la que estamos asumiendo un aumento del gasto de 6.000 millones de euros", aseguró.
Castro recordó que la deuda de los consistorios es la más pequeña de todas las administraciones públicas, ya que supone un 3,3% en el global de la deuda española, "muy por debajo del 8,2% registrado por las comunidades autónomas". En cuanto al díéficit, el presidente de la FEMP señaló que el desfase entre ingresos y gastos de los municipios es del 0,5% del PIB, cuando el objetivo de estabilidad es del 0,2%. "Tenemos tres años para tres díécimas, con lo cual no parece que vaya a ser difícil", sugirió.
Ejemplos de consistorios con problemas
Rodá de Bara. El derrumbe de los ingresos procedentes de la construcción ha impedido a muchos municipios hacer frente al pago de nóminas de 2009, por lo que se vieron obligados a presentar expedientes de regulación de empleo para ajustar sus plantillas. Es el caso de Rodá de Bara (Tarragona) o Jerez (Cádiz).
Madrid. Es el municipio más endeudado de España, con un saldo vivo de 6.762 millones de euros a finales de 2009. Si se hace la comparación de la deuda por habitante, el resultado se eleva a 2.077 euros, lo que supone el doble que Valencia o cuatro veces más que Barcelona. Tambiíén ocupa el primer lugar en emisiones de deuda, con 1.340 millones acumulados, más de la mitad del total.
Ochanduri. En 2009 volvió a ser el municipio con un nivel de deuda por habitante más elevado de toda España. Este municipio riojano, en el que tan sólo hay 76 habitantes, según el INE, tenía una deuda reconocida de 703.000 euros, lo que supone que cada ciudadano debe 9.250 euros.
Jalón de Cameros. Entre los consistorios con más deuda por habitante destaca el caso de Jalón de Cameros. En 2008 figuraba como el quinto con el nivel más elevado (4.417 euros por habitante) y en 2009 lo ha conseguido reducir a menos de la mitad (1.973) porque rebajó de 106.000 a 50.000 euros la deuda pendiente.
Zaragoza. Ha sido uno de los municipios más beneficiados con los 732 millones del nuevo Plan E que se han destinado a gasto social (limpieza, nóminas o dependencia, entre otras partidas). De hecho ha recibido más de 20 millones de euros para pagar sólo tres proyectos: los salarios de la limpieza de colegios públicos (8,7), del servicio de Educación (6,4) o de los profesores de los colegios públicos (4,3).
La cifra
14,5% es el porcentaje de ingresos sobre el total que obtienen los ayuntamientos de lo que recauda por el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
