El Ministerio de Industria necesita recortar las primas a la producción de las energías renovables, más allá de los perjuicios a corto y largo plazo que pueda provocar. Y los provocará sobre todo si opta por un ajuste con carácter retroactivo. Entre los principales afectados, los cerca de 35.000 inversores particulares que entraron en la industria fotovoltaica durante los últimos años pensando que se trataba de un activo seguro, según las cifras que se manejan desde la tres patronales del sector (APPA, Asif y AEF).
A finales de 2009, en España había cerca de 55.000 instalaciones fotovoltaicas individuales de 100 Kw, la capacidad máxima permitida para acogerse al ríégimen especial de tarifas. Esta restricción, que ha obligado a parcelar los huertos de mayor capacidad para ajustarse a la normativa y recibir la prima, permitió que los inversores particulares pudieran participar en el desarrollo de la energía fotovoltaica como un producto de inversión.
En este tiempo, de acuerdo con las cifras manejadas desde las patronales, la banca ha prestado a la industria fotovoltaica una cantidad que ronda los 15.000 millones de euros, muy cerca de los más de 18.000 que ha aglutinado toda la eólica, a pesar de tratarse de una industria más consolidada y más madura tecnológicamente. Una parte de este volumen se corresponde a los inversores particulares, que asumieron desembolsos medios de más 100.000 euros.
El eventual recorte de las primas, hasta un 45% para las instalaciones en suelo y un 25% para la de tejado, obligará a los inversores particulares a revisar las estructuras financieras de sus posiciones, que generalmente contaron con un 80-85% de críédito. Según las estimaciones que ya tienen realizadas bancos y cajas, si la rebaja llegara hasta un 20%, los particulares podrían asumir el esfuerzo de capital que les exijan para refinanciar su críédito.
En el caso de que el Ministerio de Industria aplique una rebaja superior al 20%, las posibilidades de que la banca ejecute las garantías y se quede con la propiedad de los huertos solares se multiplican exponencialmente. “Aunque supone otro revíés, no equivale a quedarte con un pisoâ€, explican de manera gráfica desde una entidad extranjera. “En este caso, el activo genera rentas sin necesidad de alquilarlo como un pisoâ€.
Impuesto especial al beneficio
Un promotor de parques fotovoltaicos recordaba esta semana a El Confidencial que los bancos ofrecían la inversión en renovables como un producto financiero, una suerte de alternativa a los planes de pensiones. “Hay soluciones que parecen más lógicas que un recorte retroactivo. Sin ir más lejos, quitar la prima a los megavatios ilegales. O incluso imponer un impuesto especial al beneficio de forma temporal. Todo el mundo entiende que hay que apretarse el cinturón. El sector lo entenderíaâ€, aseguraba.
Precisamente una de las opciones que las asociaciones fotovoltaicas han planteado al Ministerio de Industria pasa por atacar el fraude y corregir el ríégimen económico –básicamente retirar la prima- de las instalaciones que no cumplen con los requisitos del Real Decreto 661/2007. “Con los datos de que disponemos podemos estimar que –de haberse aplicado la citada corrección- se habrían obtenido ahorros anuales del orden de 800 millones de eurosâ€, subrayaba la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). “Además, contribuiría a reforzar la imagen de España (…) emitiendo un mensaje claro de que los fraudes son perseguidos y castigadosâ€, subraya el informe remitido al Gobierno.
Sin embargo, fuentes del sector dudan de que el ministro Miguel Sebastián quiera acometer esa medida, que parece más que razonable. Primero, porque “hay mucha presión de las autonomías. Ellas fueron quienes dieron luz verde a los papeles de instalaciones que no cumplían los requisitos. ¿Quíé se hace con los responsables de esa tropelías una vez abierto el melón?â€, exponen fuentes del sector. El bloqueo político tambiíén alcanza a los proyectos de energía solar termosolar, que están concentrados en Extremadura y Andalucía, feudos de barones socialistas a los que el titular de Industria no tendría fácil imponer recortes duros.
Y segundo, porque como se recuerda desde una empresa, “fraudulentos o no, el Gobierno no quiere sacar esos megavatios del sistema. Tambiíén hay bancos detrás de esa inversiónâ€. En esta línea, añaden que “el margen de maniobra de Industria es muy reducido y necesitará coraje para sacar adelante un planteamiento de caladoâ€. Desde otra compañía, no sin cierta sorna, se apunta la posibilidad de constituir “un fondo de 6.000 o 7.000 millones para hacer frente a los fallidos de los bancos en el sector fotovoltaicoâ€.
La apuesta en el sector es que Sebastián optará por ralentizar las inversiones a futuro e introducir una retroactividad “pequeña y negociadaâ€. Eso sí, existe la convicción en muchas de las patronales afectadas de que la reunión que mantuvieron con el ministro hace apenas un mes será la última. Han presentado sus propuestas –todavía falta el sector eólico-, pero íéstas no tendrán demasiado recorrido. “No hay ninguna negociación abierta. Tienen de plazo hasta el 30 de junio, pero no nos van a llamar. Ellos directamente tomarán una decisión y la comunicaránâ€, se apunta desde una de las organizaciones afectadas.
