Josíé Manuel Campa, el secretario de Estado de Economía, lo tiene claro. La recuperación de la actividad económica vendrá de la mano del ahorro. Lo dijo el pasado martes en Londres ante la dirección del diario británico Financial Times, y lo repitió el pasado jueves ante un nutrido grupo de analistas y de profesores de economía en la sede del Ministerio. En ambos casos sin presencia de los medios de comunicación.
Campa, de esta manera, culminaba una larga gira que le ha llevado por diversos centros financieros vendiendo la ‘marca España’, como dice uno de los asistentes a la reunión de Madrid. Sobre todo despuíés de los resultados de los ‘stress test’, que han dado oxígeno al Gobierno en cantidad suficiente para tirar todo el verano a la espera de lo que ocurra en otoño, cuando la discusión sobre los presupuestos generales del Estado en España y otros países acuciados por las deudas (como Grecia o Portugal) pueda volver a desenterrar los fantasmas del pasado reciente. Como puso de manifiesto recientemente el último Informe de Estabilidad Financiera elaborado por el FMI.
Campa no se volvió de vacío tras su visita a la redacción del FT. Al día siguiente de su estancia en Londres, el diario se despachó con un editorial en el que alababa la solvencia de la banca española, blanco de sus críticas más ácidas desde que estalló la crisis financiera. Mientras que tras reunirse con los expertos en coyuntura, el secretario de Estado dejó buen sabor de boca.
¿Y cuál es la receta de Campa para salir de la crisis? Pues básicamente la utilización del ahorro de las familias y las empresas, que se encuentra en niveles históricamente elevados, para estimular el consumo. Las cifras oficiales reflejan que en 2008 la tasa de ahorro creció en dos puntos porcentuales respecto de su renta disponible, pero en 2009 el aumento fue de seis puntos adicionales, hasta el 18,8%, un máximo histórico. En el primer trimestre de 2010 se produjo un leve descenso de tres díécimas, pero aún así continúa en niveles históricamente elevados.
La desconfianza de familias y empresas sobre el futuro de la economía explica la depresión del ahorro. Pero tambiíén la caída del empleo y el deterioro de la riqueza inmobiliaria de los hogares. Las familias gastan más cuando se aprecia el valor de sus activos. Como consecuencia de ello, en los últimos dos años (ver gráfico) el consumo privado ha caído muy por encima de lo que lo ha hecho la renta real de los hogares, sostenida por las ayudas públicas.
Paras entender el impacto que tiene el ahorro sobre al economía hay que tener en cuenta que la renta disponible de las familias se situó durante el primer trimestre del año en 169.211 millones de euros. Esto significa que el ahorro representa algo más de 30.400 millones de euros, lo que supone unos 120.000 millones de euros del año. Teniendo en cuenta que el nivel histórico de ahorro se sitúa en el entorno del 10%, esto supone que de confirmarse las tesis de Campa se podrían librar a la economía unos 13.000 millones de euros cada trimestre. Suficiente para impulsar el consumo y sacarlo de su estancamiento.
Otra forma de aumentar la renta disponible de las familias pasa por crear empleo, pero ningún instituto de coyuntura, ni siquiera el propio Gobierno, creen que en lo que queda de año la economía española vaya a ser capaz de generar puestos de trabajo. Ni siquiera el año 2011, en que todavía se producirá una ligera caída del empleo, según el consenso de Funcas.
El ahorro es, por lo tanto, el único instrumento para impulsar la demanda interna, y de ahí que Campa haya puesto sus ojos en el gasto de las familias. Máxime cuando el impacto expansivo de la política monetaria está prácticamente agotado. El euribor ha comenzado a repuntar ligeramente y los tipos de interíés sólo pueden crecer, ya que se encuentran en niveles históricamente altos.
En el caso de las empresas, ha sucedido algo similar. En 2009 se registró un moderado incremento del ahorro impulsado no por una recuperación de los beneficios, sino por la fuerte disminución del pago de intereses y, en menor medida, por los menores pagos en el Impuesto de Sociedades.