Todos los mecanismos para que el Ejecutivo pueda intervenir a discreción en las operaciones energíéticas, (’ley Rato’, ‘ley anti-E.ON’, función 14) están en gran parte invalidados por la UE, o superados por las circunstancias.
Entre 2005 y 2007, en la guerra de ofertas sobre Endesa, el Gobierno dejó el listón muy alto a la hora de demostrar su capacidad de intervenir en los movimientos corporativos. Hubo cambios legales, como la ampliación de poderes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) a los que se denominó anti-E.ON. El nombre lo decía todo.
Ahora, cuando Iberdrola aparece en todas las quinielas corporativas, la capacidad del Ejecutivo para hacer y deshacer está muy menguada. Al nuevo ministro de Industria, Miguel Sebastián, se le atribuye una supuesta predisposición a influir en el diseño del futuro mapa energíético. Pero el Ejecutivo se verá maniatado por Bruselas. Las herramientas legales de las que dispone para poder terciar, o bien están por debajo de los dictámenes de la UE, o bien están atascadas judicialmente.
Una de las grandes palancas normativas es el poder para vetar, o poner condiciones, a una operación por motivos de competencia. Desde 2007, con la integración de Scottish Power, Iberdrola se ha internacionalizado enormemente. Más de un tercio de sus ventas en la UE proceden de fuera de España. Automáticamente, esto hace que cualquier operación de integración de, o hacia, la compañía, tenga “dimensión europeaâ€.
Serán las autoridades europeas (el departamento de Competencia de la UE, que dirige la comisaria Neelie Kroes) las que decidan el visto bueno y en quíé condiciones. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) no tendría potestad. La CNE no podría hacer uso de su función 15 (la que le permite realizar informes preceptivos al Gobierno sobre los efectos en el libre mercado). En su día, Endesa intentó demostrar que tenía dimensión europea para zafarse de la opa hostil de Gas Natural, haciendo que fuera Bruselas, y no España, la que diera su veredicto. Por otra parte, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, mostró la pasada semana que está abierto al diálogo si, entre otras condiciones, un proyecto de fusión supone que uno más uno suman dos. Es decir, no conlleva desinversión de activos. Uno de los escenarios que se barajan en el mercado es el de la posible fusión Iberdrola-Gas Natural.
Bruselas podría ser mucho más estricta y exigir más desinversiones que el Gobierno español, que en principio ve con buenos ojos la creación de un gran campeón energíético nacional. Otras herramientas jurídicas del Gobierno para intervenir tambiíén están ahora en apuros (ver información adjunta).
Tíécnicamente, la denominada ley Rato, que impediría a una empresa pública como EDF (a la que se le atribuyen pretensiones sobre Iberdrola) comprar más del 3% de un grupo energíético español, está en vigor en España. Pero una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE obliga a derogarla. Más confuso es el poder de maniobra a travíés de la función 14 de la CNE, que da autoridad al regulador español para imponer condiciones en una operación energíética en lo que afecta a negocios regulados. La ampliación de esta función, justo cuando E.ON lanzó su opa sobre Endesa, fue lo que dio lugar al sobrenombre de anti-E.ON.
La forma de utilización de esa normativa por el Gobierno fue denunciada por Bruselas. Ahora es objeto de juicio en el Tribunal de Justicia. El caso podría prolongarse más de un año. En ese tiempo, la CNE podría utilizar la función 14. Fuentes cercanas al regulador reconocen, no obstante, que, aunque sólo sea desde el punto de vista estíético, con la función 14 en el banquillo judicial, difícilmente esta normativa, que en ultima instancia da el poder a Industria, podría usarse a discreción.
