La UE dará el próximo el martes el primer paso hacia la creación de un impuesto sobre el sector financiero, para el que estudian dos posibilidades: un gravamen sobre cada operación u otro sobre la facturación y remuneraciones de cada entidad. Bruselas calcula que la nueva tasa permitirá a España recaudar casi 2.000 millones de euros al año y al conjunto de la UE, unos 23.000 millones.
La Unión Europea parece decidida a aprobar unilateralmente un impuesto sobre el sector financiero sin esperar a un improbable acuerdo internacional en el marco del G-20. El próximo martes, el consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) analizará ya en detalle, por primera vez, las modalidades de la nueva tasa. Varios directivos de Banco Santander han tachado la medida esta misma semana, como un injusta e indiscriminada, especialmente para los bancos españoles, que no han recibido ayudas públicas durante la crisis.
Sobre la mesa de trabajo de los ministros figurarán dos opciones para la nueva figura fiscal, según el documento elaborado por la Comisión Europea al que ha tenido acceso CincoDías.
La primera opción apunta a un impuesto sobre las transacciones financieras (FTT, según las siglas en inglíés utilizadas en el documento) y gravaría cada intercambio de títulos (acciones, bonos, derivados, divisas, etc.) con un tipo muy bajo, pero con gran capacidad recaudatoria dato el ingente volumen de operaciones que se realizan cada día.
El informe identifica a la segunda opción con las significativas siglas de FAT (grasa o gordo, en inglíés). Este impuesto se calcularía en base a los ingresos y los salarios de cada entidad financiera. Pero podría "refinarse" para penalizar los rendimientos obtenidos a partir de las actividades con más riesgo, lo que permitiría añadir al objetivo de recaudación el de intentar corregir los excesos del sector que, según muchos analistas, han conducido a a la actual crisis económica.
La CE calcula que el FAT, con un tipo de imposición de sólo el 5%, permitiría a las haciendas públicas de la UE recaudar hasta 26.000 millones de euros anuales (tomando como referencia las cifras de 2008), con los mayores ingresos concentrados en Reino Unido (5.537 millones) Alemania (4.492 millones de euros), Francia (3.215 millones), Italia (2.822) y España (1.905 millones).
El FAT, según el informe, presenta la ventaja de ser sencillo de aplicar, y de que "los gastos de administración y recaudación serían limitados".
El impuesto sobre facturación y salarios tambiíén mitigaría, según Bruselas, el riesgo de deslocalización que puede generar el nuevo impuesto.
Bruselas advierte, sin embargo, que las divergencias en la contabilidad aplicada en los 27 socios de la UE podría hacer "difícil" la creación de un marco coherente de imposición en todo el territorio comunitario.
Aunque la CE, a la espera de la opinión de los ministros, no se decanta por ninguna de las dos opciones, su informe parece apuntar más dificultades en la introducción del FTT (el impuesto sobre las transacciones).
Por un lado, el riesgo de deslocalización de la actividad financiera sería mucho mayor si se introduce unilateralmente en la UE. Por otro, el reparto de la recaudación por países sería muy desigual según la importancia de sus centros financieros, aunque en el caso de España sus ingresos serían similares (alrededor de 1.600 millones de euros)
El FTT tambiíén plantearía complicaciones en su aplicación a los derivados financieros. Y la exclusión de esos productos reduciría el potencial de recaudación a unos 18.000 millones de euros con un tipo de gravamen del 0,1%.
La CE tambiíén recuerda a los ministros que el FTT podría plantear problemas legales en el plano internacional por los compromisos del club comunitario sobre libre circulación de capitales en la Organización Mundial de Comercio.
La CE advierte de los riesgos del nuevo gravamen
La Comisión Europea, que siempre ha sido contraria a cualquier tipo de impuesto sobre la actividad financiera similar al planteado por el premio Nobel James Tobin, parece resignada a la introducción del nuevo gravamen. Varios países ya han empezado a aplicarlo y Alemania y Francia han dejado claro durante el pasado mes de agosto que debe ser una de las prioridades del nuevo curso. El informe elaborado por la CE sobre las modalidades del futuro impuesto parece asumir que su aplicación es inevitable. Pero el documento advierte que se trata de una iniciativa que no está exenta de riesgos. Y recuerda algunas de las experiencias a nivel nacional que fracasaron estrepitosamente. La más evidente es la de Suecia, que en los años 80 intentó podar la "exuberancia" de su sector financiero con una tasa que provocó la caída del mercado bursátil y la fuga hacia la City londinense del 50% de las operaciones. La recaudación, además, resultó decepcionante, y frente a los 1.500 millones de coronas suecas esperados sólo se lograron 50 millones al año. El informe tambiíén advierte que el impuesto per se no tiene por quíé corregir las prácticas más arriesgadas de la banca y que, en algunos casos, cabe la posibilidad de que las entidades se limiten a trasladar a sus clientes cualquier tributación adicional. El antiguo ministro británico de Finanzas, Alistair Darling, que el año pasado impuso un gravamen sobre los bonos, mostraba ayer sus dudas sobre su impacto en la actitud del sector.
Las cifras
1.905 millones de euros recaudaría España en caso de que se aplicara un nuevo impuesto a la banca basado en los ingresos y salarios de cada entidad.
0,1% es el tipo impositivo de referencia que ha previsto la Comisión Europea en el caso de crear una nueva tasa bancaria que grave las transacciones financieras: bonos, divisas, acciones, derivados, etc.
