El Gobierno chino publicó hoy una nueva edición del Libro Blanco de Derechos Humanos, que repasa la situación de íéstos en el país en 2009 y defiende la mejora en campos como la libertad de expresión en Internet o las garantías judiciales, frente a las críticas de la comunidad internacional.
El documento, publicado íntegramente a travíés de la agencia oficial Xinhua, hace especial íénfasis en el papel de Internet en el país asiático, pese a las frecuentes quejas que medios internacionales o grupos pro derechos humanos hacen sobre la censura en la red del gigante asiático.
Según el Libro Blanco, “el derecho de los internautas chinos a
expresarse en la red fue protegido en 2009, e Internet se ha convertido en un nuevo canal para que el Gobierno chino conozca la opinión pública y consiguientemente mejore su gestión".
Añade que se ha convertido en una práctica habitual en los gobiernos a todos los niveles “consultar ciertas políticas con la ciudadanía a travíés de la webâ€, mientras se han establecido webs oficiales para denunciar casos de corrupción o negligencia entre altos cargos del ríégimen comunista.
En el campo judicial, muchas veces criticado por organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos -que acusan a China del uso de torturas, detenciones ilegales, arresto de disidentes políticos y periodistas, entre otros- el Libro Blanco destaca que en 2009 el sistema de justicia chino “fortaleció la protección de los derechos humanos, tanto en la aplicación de la ley como en las prácticas judiciales".
El documento pone como ejemplo la puesta en vigor, en junio de 2010, de medidas disciplinarias para erradicar el uso de castigos físicos contra los detenidos y otros abusos cometidos contra personas bajo custodia policial o judicial.
Además, añade, se avanzó en la transparencia del poder judicial, obligando a la publicación de sentencias y otros documentos a travíés de internet o la emisión televisiva de algunos juicios, entre otras medidas.
Otro apartado del Libro Blanco parece responder a las quejas y dudas de la comunidad internacional sobre el tratamiento de China a las minorías íétnicas, como los uigures o los tibetanos, protagonistas de revueltas violentas en los últimos años y que, según grupos defensores de estos pueblos, sufren discriminación.
En este aspecto asegura, por ejemplo, que se ha garantizado el derecho de estas minorías a estudiar, usar y desarrollar sus propios lenguajes, que según el documento están implantados en el sistema administrativo y judicial, los medios de comunicación, el cine, la cultura y la educación.
