Una sentencia anula la orden de la Comunidad de Madrid para crear un organismo que pretendía reducir la prescripción pública de medicamentos de marca.
En su intento por reducir el díéficit público, las comunidades autónomas han seguido el ejemplo del Gobierno central declarando la guerra a los fabricantes de medicamentos de marca e intentando potenciar la industria de geníéricos para así reducir sus abultados díéficits públicos. Farmaindustria, la patronal del sector, ha llevado esta batalla hasta los tribunales, donde acaba de apuntarse su primera victoria.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula la orden administrativa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para crear el Consejo Asesor de Farmacia, un organismo cuyo objetivo es revisar el catálogo de medicamentos de prescripción pública para reducir el número de fármacos de marca en favor de los geníéricos.
Farmaindustria interpuso un recurso contencioso administrativo ante esta decisión, y finalmente el tribunal autonómico ha fallado a su favor. Sin embargo, la victoria es temporal, no sólo porque la Comunidad que preside Esperanza Aguirre puede recurrir la sentencia, sino porque el tribunal ha dictaminado que la nulidad de la creación de este organismo se debe a un defecto de forma y no ha querido entrar en el fondo del problema.
Para crear el Consejo Asesor de Farmacia, la consejería de Sanidad de Madrid no solicitó un informe de un comitíé consultivo y se saltó el trámite de audiencia a los interesados, en este caso Farmaindustria, como establece la norma a la hora de dictar este tipo de órdenes.
En España, es el Estado quien autoriza un medicamento y fija el precio para la prestación pública y, por ley, las comunidades autónomas pueden añadir al catálogo estatal nuevos fármacos, pero, en ningún caso, eliminar aquellos a los que el Gobierno central ha dado su visto bueno. Luego, el míédico es libre de recetar uno u otro a sus pacientes en función del tratamiento que considere más oportuno.
Nuevas políticas
Sin embargo, en los últimos meses, las comunidades autónomas han empezado a crear órganos que, bajo el nombre de consejo asesor o comisión del medicamento, tienen como objetivo limitar esta práctica. Este año, País Vasco, por ejemplo, remitió una circular a los míédicos de la región indicándoles que a partir de ahora deben sustituir el nombre de un medicamento de marca en la receta por el principio activo, de forma que las farmacias puedan dispensar un geníérico cuando exista, reduciendo así la factura pública de la comunidad.
Farmaindustria ha recurrido esta decisión en los tribunales, que todavía no se han pronunciado, además de tener otro frente abierto similar en Castilla-La Mancha.
Desde la patronal, han pedido al Ministerio de Sanidad que en el próximo consejo interterritorial interceda ante esta nueva política de las comunidades autónomas, no sólo por el esfuerzo que para el sector supone ya tener que hacer frente a los últimos recortes en los precios de los medicamentos aprobados por el Estado, sino por la complicación que supone para las cuentas de los laboratorios asumir la gestión de diecisiete comunidades eliminando de sus catálogos medicamentos de marca sin ningún tipo de consenso y fracturando el mercado.
