LOS RUIZ-MATEOS INTENTARON HACER UNA OPV A FINALES DE 2010
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no solo advirtió siete veces sobre los riesgos de las sucesivas emisiones de pagaríés de Nueva Rumasa. El supervisor de las bolsas españoles impidió la colocación de unos productos llamados bonos populares de Cacaolat con los que la familia Ruíz-Mateos quería reflotar la empresa de alimentación.
Según han confirmado fuentes próximas a la operación, Nueva Rumasa estuvo negociando con la CNMV durante varios meses para obtener la autorización a esta colocación de su filial. Lo hizo despuíés de atender las peticiones del organismo que preside Julio Segura, quien le sugirió que para poder acceder a los mercados de capitales con el visto bueno de la Comisión lo más recomendable era contratar un broker autorizado.
Así lo hicieron los Ruíz-Mateos, que el 6 de mayo de 2010 alcanzaron un acuerdo con Gestión de Patrimonio Mobiliario (GPM) para comercializar sus futuras emisiones de pagaríés. El grupo anunció que esta agencia de valores sería la encargada de vender a los inversores "las próximas emisiones que realicen las diferentes empresas participadas del grupo, una vez registrado y autorizado el folleto por la CNMV".
A partir de ese momento, Nueva Rumasa comenzó a negociar con la Comisión la elaboración del documento típico de estas ofertas de acciones o bonos. Un folleto que suele tener entre 300 y 500 páginas en las que se especifica hasta el último detalle la situación patrimonial del emisor, así como los resultados de los años anteriores, la evolución del capital, los pagos de dividendos y los posibles conflictos legales. Todas estas exigencias fueron imposibles de cumplir por parte de Cacaolat, ya que Nueva Rumasa se negó a aportar determinada información solicitada por la CNMV.
Además, el organismo regulador quería que el apartado de riesgos, que suele encabezar este tipo de folletos, contuviera todo tipo de datos en los que se advirtiera de la situación de la compañía como advertencia a los potenciales inversores. Aunque el grupo de alimentación nunca detalló el importe de la emisión, el objetivo era captar al menos unos 30 millones de euros, según indican fuentes próximas a la operación.
Ante la postura rígida de la Comisión, Nueva Rumasa decidió en el último trimestre de 2010 dar marcha atrás y no continuar con la colocación de los bonos populares de Cacaolat. La familia optó por buscar un comprador para vender una participación de su filial, lo cual consiguió el 10 de diciembre cuando anunció que el empresario catalán Manuel Esteve había adquirido el 5% del capital por 9 millones. El precio de esa transacción suponía valorar la compañía de batidos en 180 millones de euros, una tasación que los Ruiz-Mateos habían exigido un año cuando intentaron colocar su filial en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
La pelea con Emilio Ontiveros
Eso fue a finales de 2009, operación para la que Nueva Rumasa había contratado los servicios de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Esta sociedad, presidida por Emilio Ontiveros, asesor de varias cajas de ahorros, acabó peleada con los dueños de Dhul, a quienes intentó convencer sin íéxito de que pedían un precio muy alto para hacer la salida a bolsa de Cacaolat.
Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que AFI les expuso que una empresa que había sido advertida siete veces por la CNMV sobre sus emisiones de pagaríés no podía saltar al MAB, pese a que este mercado no está regulado por la Comisión. En cualquier caso, los responsables de esta bolsa para pequeñas y medianas empresas hubieran rechazado la solicitud por las advertencias previas de la CNMV, lo cual fue mal recibido por los Ruiz-Mateos.
Desde 2009, Nueva Rumasa captó financiación de pequeños inversores mediante emisiones de pagaríés que no pasaban por el control de la CNMV porque no intervenía ninguna entidad financiera en la colocación de los títulos. Pese a ello, la CNMV, acogiíéndose al principio de protección a los inversores recogido en la Ley del Mercado de Valores, difundió hasta siete comunicados advirtiendo de los riesgos que conllevaba la suscripción de estas operaciones