Por... Sally Burch
Ecuador se prepara a tener un rol proactivo en las negociaciones sobre cambio climático, cuya próxima ronda inicia en Durban, Sudáfrica, este 28 de noviembre. La XVII Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de Naciones Unidas, que se extenderá hasta el 9 de diciembre, es considerada la última oportunidad para que los gobiernos del mundo acuerden un segundo periodo de compromisos en el marco del Protocolo de Kioto (PK), cuyo primer periodo culminará en 2012.
Una de las propuestas principales que Ecuador llevará a Durban es el reconocimiento del concepto de las Emisiones Netas Evitadas (ENE). Este concepto surge con la iniciativa Yasuní-ITT, según la cual Ecuador plantea dejar bajo tierra los 846 millones de barriles de petróleo del campo ITT, gran parte del cual se encuentra en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, área de megabiodiversidad declarada Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO. A cambio, el gobierno pide una compensación equivalente al 50% de los ingresos que obtendría de la venta del petróleo, esto es, unos 7 mil millones de dólares sobre un periodo de 13 años, que debería provenir principalmente de los países desarrollados.
"El Yasuní es un bien global. Nos beneficia a todo el planeta, no solo a Ecuador". En cambio "el petróleo es un bien privado" que solo beneficiaría al país, destacó el Presidente Rafael Correa, en reunión con la prensa extranjera. No obstante, algunos países han cuestionado que se pueda compensar la "no acción". Correa replica que el concepto de ENE es plenamente coherente con la lógica económica y con la lógica del PK; pero va más allá, pues, a diferencia de mecanismos como los bonos del mercado de carbono, no implica que previamente haya que contaminar para luego descontaminar. Por lo tanto es más amigable con el ambiente, como lo habría reconocido Miguel d'Escoto, expresidente de la ONU, quien considera que "es la propuesta más importante y más concreta para pasar de la retórica a los hechos" en la lucha por el medio ambiente, comenta Correa.
El sistema actual del Protocolo, toda vez, no contempla acciones de prevención o de no acción. La Ministra Coordinadora de Patrimonio de Ecuador, María Fernanda Espinosa, jefa negociadora de la delegación ecuatoriana para Durban, explicó en entrevista con ALAI que, de lograr el reconocimiento del ENE como parte del protocolo, permitiría establecer varias opciones de quíé es lo que se quiere compensar. El ENE se aplicaría a los "países en desarrollo altamente dependientes de un recurso para su economía, pero que tomen la decisión voluntaria unilateral de no realizar una actividad determinada para reducir sus emisiones. Y a cambio de esa decisión unilateral y voluntaria, un proceso de certificación de que efectivamente es así, y que se establezca un mecanismo de compensación financiera por la actividad no realizada". Podría aplicarse no solo al petróleo, sino tambiíén, por ejemplo, a un país que decida no ampliar su frontera agrícola, que es quizás la principal amenaza a los bosques.
La iniciativa Yasuní-ITT, propuesta inicialmente por el movimiento ecologista del Ecuador, ha sido apropiada progresivamente por el gobierno, al inicio sin mucha convicción, pero recientemente con mucho más empeño. Aún no se descarta el "Plan B" (o un eventual "Plan C"), que implicaría explotar al menos parte del campo ITT. Correa dice que en ese caso se lo explotaría principalmente en el área fuera del Parque, o con perforaciones horizontales bajo tierra. í‰l ha fijado un plazo hasta diciembre para recabar al menos 100 millones de dólares, antes de tomar la decisión. Hasta ahora se han recolectado 70 millones, en buena parte con aportes ciudadanos de distintos países del planeta.
Temas candentes
Entre las prioridades de Ecuador para Durban, según la Ministra Espinosa, consta en primer lugar lograr acuerdos para la continuación del PK. Admite que el tema no es fácil, pues hay países reacios a ello; además, EEUU nunca ratificó el primer Protocolo. No obstante, ella lo considera ineludible, pues "el costo político de no tener un segundo período de compromisos es demasiado alto. Es muy difícil que Europa, que ya se comprometió con su opinión pública a renovar el segundo periodo de compromisos, ahora diga ya no lo vamos a hacer". Reconoce que quizás lo que resultará es un acuerdo al cual algunos países no adhieran, en cuyo caso, dice: "aquellos países que no quieren renovar sus compromisos tampoco pueden utilizar los mecanismos que propone el Protocolo, como el mecanismo de desarrollo limpio". Lo contrario sería inaceptable.
Otro tema clave es el Fondo Verde para la mitigación y adaptación al cambio climático en los países del Sur, sobre el cual se han logrado avances en los últimos meses, pero subsisten obstáculos. "El principal escollo es el tema de la gobernanza del Fondo. La propuesta de Ecuador y de muchos países en desarrollo es que no puede ser que ese Fondo se entregue a la banca multilateral para que lo administre. Ya nos pasó eso con el GEF (Facilidad Ambiental Global): son los bancos los que controlan los fondos para el desarrollo sostenible, son los que deciden cuales son las prioridades y deciden lo que financian y no financian de manera discrecional, y tampoco hay una participación de todos los países en las decisiones que toma el GEF… Estamos insistiendo en que la administración del fondo tiene que estar bajo el control de la Convención", afirma Espinosa.
Tampoco hay acuerdo sobre el origen de los fondos. "Países como EEUU han insistido que como hay crisis, los fondos tienen que provenir fundamentalmente del sector privado. No excluimos fondos privados… Pero el corazón del Fondo tiene que provenir de fondos públicos, porque tienen que ser previsibles, tienen que ser un compromiso de mediano y largo plazo, y además tienen que ser verificables –opina la ministra-. Todos hablan de mecanismos de verificación y monitoreo para ver si los países en desarrollo cumplimos con nuestros compromisos de mitigación. Nosotros estamos pidiendo que los mecanismos de monitoreo y verificación sean tambiíén para los fondos, para ver de dónde vienen, cómo vienen y cómo se están invirtiendo". De hecho, en la COP15 en Copenhague, los países desarrollados, llamados "del Anexo 1", comprometieron en total un primer desembolso de 30 mil millones de dólares, hasta 2012. De este monto ni siquiera se ha entregado el 20%.
Otra alta prioridad para Ecuador es la transferencia tecnológica, por lo que viene proponiendo una flexibilización de las normas de propiedad intelectual, cuando se trata de tecnologías bajas en carbono para los países del Sur. La propuesta enfrenta la resistencia de los países dueños de la tecnología.
Tambiíén un tema crítico es el tratamiento a los refugiados climáticos, cuya existencia ni siquiera es reconocida por muchos países. Hay estudios que estiman que en los próximos años se tendrá al menos 100 millones de refugiados climáticos en el mundo. "¿Cuáles son los derechos de esos refugiados?, ¿cuáles son los mecanismos de justicia climática que se aplican en estos casos? y ¿cuáles son los compromisos que tienen tambiíén los gobiernos responsables de la mayor cantidad de emisiones en la atención a los refugiados climáticos?" pregunta la Ministra.
En cuanto al programa de la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD), si bien el marco fue aprobado en la COP16 en Cancún (donde Ecuador co-facilitó las negociaciones), queda por definir en Durban el mecanismo de implementación y los recursos. "La posición de Ecuador es que REDD no puede seguir adelante sin los mecanismos financieros que permitan que se avance en esto", explica Espinosa. Ella no comparte las críticas de sectores sociales que consideran que REDD equivale a dar un permiso a las empresas para seguir contaminando, o que significa mercantilizar las formas de vida de los pueblos indígenas: "pensamos que es algo enormemente importante e interesante para los países con gran cobertura de bosque como el Ecuador y otros países similares al nuestro". Pero sí reconoce que es fundamental asegurar las salvaguardas. En este sentido, ve con buenos ojos la propuesta de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Amazónicas –COICA- para negociar una "REDD indígena", incluido los criterios de derechos territoriales, consulta previa y rechazo a los monocultivos.
En cuanto a las alianzas para la COP17, Ecuador mantiene un acuerdo en el marco del ALBA y trabajará con el G77 y China (que en total son 135 países). Su posición es que los acuerdos deben ser por consenso, es decir, no necesariamente unanimidad, sino la voz de la amplia mayoría – que en este caso son los países en desarrollo.
