El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que ultima un plan con la banca para saldar toda la deuda pública con proveedores (en torno a 35.000 millones), "en semanas o meses". Los detalles se anunciarán en el Consejo de Ministros del viernes.
Consciente del fracaso que han tenido las distintas líneas del ICO para tratar de rebajar la abultada deuda pública con los proveedores, el Ejecutivo ya trabaja en un mecanismo alternativo para tratar de corregir la elevada morosidad. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el viernes un plan que irá más allá del ICO, en colaboración con la banca. "Esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas en un plazo de semanas o meses", señaló ayer en una contestación al Grupo Mixto durante la sesión de control en el Senado.
Fuentes del Ministerio de Hacienda apuntaron que el objetivo de ese plan, que probablemente deba desarrollarse como ley, es poner el contador de la deuda comercial a cero, aunque reconocieron la complejidad que entraña su encaje normativo. A la espera de conocer los detalles, lo que sí se conoce es que mediante esta "gran operación financiera" las empresas podrán ir directamente a las entidades financieras a solicitar el pago de la deuda contraída con las administraciones públicas. Estas serán las encargadas de abonarles las facturas. De dónde va a sacar el Estado "miles de millones de euros" para abonar despuíés a la banca el importe de las facturas cobradas era ayer una incógnita, puesto que aún se está negociando. De hecho, tíécnicos de las consejerías de Hacienda de las 17 comunidades autónomas estaban reunidos a última hora de la tarde de ayer con miembros del Ejecutivo en el Ministerio de Economía para seguir perfilando las características y los requisitos de ese plan.
Fuentes de Hacienda recalcaron que este deberá contar con un apoyo decidido por parte de la banca, ya que tendrá que destinar un gran número de recursos al cotejo de las deudas, y por parte de las administraciones, a la hora de establecer los mecanismos para la devolución de los importes al Estado.
Las primeras estimaciones, según fuentes empresariales consultadas por CincoDías, apuntan a que la deuda pública con los proveedores se eleva a 35.000 millones, de los que el 60% corresponde a los ayuntamientos y el 40% a las autonomías.
De ese montante tan solo se conoce el volumen correspondiente a la deuda sanitaria. De los 14.000 millones de euros que deben las autonomías, más de dos terceras partes pertenecen a la deuda sanitaria. Los laboratorios farmacíéuticos y las empresas de tecnología sanitaria acumulaban a 31 de diciembre de 2011 impagos por 11.595 millones de euros y retrasos en el cobro que en algunas regiones llegan a los 841 días, como el caso de la Comunidad Valenciana.
La deuda de los laboratorios es de 6.369,3 millones y el retraso medio en el pago es de 525 días (un año y medio), mientras que la de las empresas de tecnología sanitaria es de 5.230 millones y el retraso es de 473 días (un año y cuatro meses).
