El próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) será sin duda un mal trago para las comunidades autónomas. El Gobierno se dispone a cuestionar y evaluar por quíé las Administraciones autonómicas sólo han logrado un 13 por ciento de los objetivos de reducción del sector público instrumental marcados en el CPFF de julio de 2010, y a forzar su completa ejecución antes de que cierre el presente ejercicio.
El compromiso adquirido por las autonomías en el CPFF de julio de 2010 era la reducción de 515 entes públicos de diversa tipología. Si bien no había un tope de plazo exacto, que a enero de 2012 no se haya logrado más que la reducción de 69 entes autonómicos, el 13% del objetivo comprometido, no resulta desde luego un nivel de ejecución aceptable para un Ejecutivo, el de Mariano Rajoy, que trabaja en el redimensionamiento del sector público en orden a lograr un esquema estructural más sostenible y eficiente.
Información y evaluación
Por todo ello, en el último CPFF, el Gobierno enseñó su cara más seria a las comunidades autónomas, como ya había advertido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las CCAA tendrán que explicar el porquíé de tal infracumplimiento. En consecuencia, se emplazó a los Ejecutivos autonómicos a brindar información detallada al respecto en el plazo de un mes desde la celebración del citado Consejo de Política Fiscal y Financiera de enero.
Las autonomías "suministrarán información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes sobre el sector público instrumental definido en las actas que regulan el contenido del inventario de las comunidades autónomas, en cuestionario normalizado y con detalle que permita la evaluación y adecuación, y presentarán las actuaciones previstas para llevar a cabo la completa ejecución durante 2012".
í‰se es el escenario que permite vislumbrar un próximo Consejo aún mucho más duro que el anterior para las autonomías. El Gobierno va a examinar esos informes en que tendrán que retratarse con el máximo detalle y a evaluar las medidas previstas para cumplirlo. Porque el objetivo es que lo no ejecutado hasta ahora, la reducción de otros 446 entes públicos del sector instrumental se produzca antes de finalizar este año.
Cuenta atrás para cumplir
Con lo cual, los Gobiernos autonómicos encaran una dura cuenta atrás para cumplir, que además han de combinar en pleno ajuste con las mayores exigencias de austeridad y los nuevos procesos de redimensionamiento del sector público que emprenda el Ejecutivo central. Ello sin que la reducción comprometida en 2010 pueda apuntarse ahora como nuevos logros.
Así pues, se estrecha el cerco sobre unas autonomías asfixiadas en muchos casos por gasto y endeudamiento crecientes y falta de liquidez, extremos sobre los que se reforzó la vigilancia en el pasado CPFF del 17 de enero, el primero celebrado desde que gobierna Mariano Rajoy. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, detallaron líneas de actuación encaminadas tanto a paliar problemas de liquidez en las regiones como a apuntalar una mayor estabilidad financiera, y acciones que tiendan tambiíén a una más ferríéa fiscalización en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que pasó el viernes su última lectura por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de forma que traspasar los techos de gasto y deuda acarree sanciones.
Adelanto del CPFF
Ante la creciente presión para adoptar acciones sobre el atrofiado sector público empresarial, de modo que colaboren a la senda de reducción del díéficit, y ante la cantidad de tareas pendientes, el apremio a las comunidades autónomas para cumplir con el compromiso de 2010 puede concretarse en otro Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebre antes de julio, una fecha habitual pero demasiado tardía para abordar ese desafío.
