Josíé Manuel Soria no pasa un día sin sobresaltos. Los datos sobre el dinero destinado a subvencionar las energías limpias en el primer trimestre del año son el último jarro de agua fría para el Ministerio de Industria, embarcado en una cruzada para reducir los costes del sistema elíéctrico. Según la información facilitada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), las renovables recibieron primas por importe de 2.128,6 millones de euros hasta marzo, lo que supone un incremento próximo al 24% respecto a los 1.717,7 millones abonados en los tres primeros meses de 2011. Una evolución que cuestiona abiertamente el alcance de la moratoria aprobada por el Ejecutivo en enero.
La evolución se explica por el crecimiento de la potencia instalada, que continúa imparable pese al exceso de capacidad que acumula el sistema. Un excedente todavía más evidente tras caer la demanda de electricidad un 2% en el arranque del año. Según consta en la última liquidación de las primas publicada por la CNE, correspondiente al mes de mayo, la potencia renovable se eleva a 36.022 megavatios. El informe de febrero fijaba la potencia liquidada a diciembre de 2011 en 35.391 megavatios. ¿Conclusión? Las renovables habrían incorporado más de 600 megavatios adicionales al sistema en apenas 90 días. Suma y sigue. En un año, el incremento supera los 2.500 megavatios para una generación total en España superior a los 100.000.
Un escenario que pone en solfa en tíérminos de ahorro la suspensión temporal de las ayudas a las nuevas renovables puesta en marcha por Soria nada más tomar posesión. La factura que ahora llega al Ministerio enlaza con la decisión del Ejecutivo de mantener las primas no sólo a las cerca de 60.000 instalaciones existentes, sino tambiíén a las inscritas en el prerregistro de Indusria. Y es que son precisamente estos parques los que poco a poco van incorporándose al sistema y pasando por caja, lo que eleva la partida a abonar. Una medida que el Gobierno defendió por la necesidad de no poner en peligro la seguridad jurídica, tras los estragos causados por el PSOE con su amenaza de recortar las ayudas con carácter retroactivo. Un objetivo loable por el que Soria tendrá que asumir un serio impacto económico.
Por tecnologías, la solar fotovoltaica acaparó 753,6 millones en el primer trimestre, un 38% más que en el mismo período de 2011. Se pagó a 398 euros el megavatio hora. Más madura y con un precio acorde con el mercado, la eólica percibió 511,8 millones, el 3% menos que hace doce meses. La cogeneración fue retribuida con 463,2 millones, el 32% más que entre enero y marzo de 2011. La termosolar, abonada a 272 euros el megavatio hora, sumó 146,5 millones, nada menos que el 237% más que hace un año. Se trata de cantidades a las que debe sumarse el importe que cada una percibe por vender la energía en el mercado, como el resto de tecnologías. El precio de la subasta Cesur para el segundo trimestre se situó en 51 euros.
Un horizonte de 1.600 millones termosolares
El principal foco del problema desde el punto de vista del coste es precisamente la termosolar. No en vano de esos 600 megavatios añadidos al sistema en los últimos meses, unos 280 corresponderían a esa tecnología. Por si fuera poco y según explica la propia CNE en un reciente informe, “figuran inscritos en registro de preasignación correspondiente a las fases 2,3 y 4 de la tecnología solar termoelíéctrica aproximadamente 1.600 megavatios que aún no tienen acta definitiva de puesta en marchaâ€. Cuando estíén en funcionamiento, previsto para el año 2014, supondrán una carga de 1.600 millones de euros anuales más. El supervisor recuerda que se trata de una potencia “equivalente a cuatro ciclos combinados solaresâ€.
Desde los diferentes lobbies renovables pueden culpar con legitimidad a la regulación. Sin ir más lejos, fue el Real Decreto 661/2007 promovido por Miguel Sebastián el que amparó la burbuja fotovoltaica con sus golosas primas. Un exceso legal que convirtió los parques solares en productos financieros, un reclamo perfecto para advenedizos. Tambiíén tienen sus razones para denunciar la existencia de otros costes ‘ocultos’ del sistema y pedir una auditoría general del sector, elíéctricas incluidas. Bajo el punto de mira, los windfall profit (beneficios sobrevenidos); esto es, retribuciones que perciben nucleares e hidroelíéctricas supuestamente amortizadas de las grandes compañías. En todo caso, reducir los costes del sistema sin hacer demasiada sangre parece misión imposible para Soria.
Ante la inminente toma de medidas, los posibles afectados se han puesto en guardia. Por ejemplo, las diferentes organizaciones fotovoltaicas presentaban esta semana una patronal única tras años de disputas e intereses enfrentados. Por su parte, la Asociación Empresaria Eólica (AEE) advertía al Gobierno de "la importancia de preservar la seguridad jurídica para las inversiones ya realizadas", ante el temor de recortes retroactivos en las primas. El enemigo público número uno de los renovables es el presidente de la patronal elíéctrica (Unesa), Eduardo Montes. No duda en pedir que las subvenciones se contengan hasta un "nivel mínimo razonable", al margen de la estabilidad regulatoria. Y recuerda que de los 18.000 millones de los costes que que se lleva el sistema, casi la mitad se va en energías limpias. Sólo tienen una cosa en común: ante el hermetismo del Ministerio, todos se temen lo peor.
