El Gobierno, obligado por el Supremo, acordó en abril la refacturación de los consumos elíéctricos desde octubre. El cargo a los consumidores (1.400 millones) debía ser prorrateado hasta diciembre, pero los cambios informáticos que han tenido que realizar las empresas para elaborar los nuevos recibos han provocado el retraso. Además, desde septiembre deberán aplicar dos tipos de IVA.
El pasado 26 de abril, el Gobierno publicó en el BOE una orden ministerial por la que se aprobaba un incremento extraordinario de los peajes de acceso a las redes elíéctricas del 17%, o el equivalente a unos 1.400 millones de euros. Este tarifazo era el resultado de las refacturaciones de los consumos de todos los clientes entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de marzo de este año que el Tribunal Supremo impuso en sendos autos al Ministerio de Industria.
En ellos, el alto tribunal admitía las medidas cautelares solicitadas por las tres grandes elíéctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) contra las revisiones que estas consideraban ilegales (por ser insuficientes) de las órdenes de peajes del último trimestre de 2011 y el del primero de este año.
El propio ministerio estableció que esta deuda se prorratearía en las facturas de la luz a lo largo del año, hasta el 31 de diciembre, y en cumplimiento de los autos del Supremo, exigió a las distribuidoras elíéctricas que refacturasen los citados consumos a cada uno de los clientes, hasta los casi 29 millones de puntos de suministro que existen. Ante el problema que se les avecinaba, las empresas propusieron un sistema más sencillo: que se incrementase directamente la tarifa de acceso para cubrir el desfase de 1.400 millones de euros.
El departamento que dirige Josíé Manuel Soria no quiso facilitar las cosas a las elíéctricas denunciantes (que consideraban que el coste para los consumidores sería el mismo con el mecanismo que ellas proponían) y, alegando que no quería más problemas con el Tribunal Supremo, impuso la refacturación persona por persona.
Ello ha obligado a las distribuidoras a modificar sus sistemas informáticos para calcular las refacturaciones pasadas e incluirlas en los recibos de cada cliente junto con su consumo del periodo en curso. Por tanto, pese a que muchos usuarios creen que la subida de abril por estos desfases ya se les está aplicando, lo cierto es las primeras facturas con dichos incrementos se pasarán al cobro a partir del mes de agosto, según aseguran fuentes empresariales.
Para colmo de males, la reciente subida del IVA, que incluye el de la electricidad, que pasa del actual 18% al 21%, ha complicado aún más la situación, pues la deuda entre octubre y abril que se fraccionará hasta el 31 de diciembre se gravará con un 18%, mientras que los consumos a partir del 1 de septiembre llevarán el 21% de IVA.
Se trata, por tanto, de otro problema añadido para las empresas, salvo, en cierta medida, para Endesa, ya que Canarias (uno de los sistemas extrapeninsulares que explota) tiene su propio impuesto indirecto, el impuesto general indirecto canario (IGIC), y el sistema informático de esta compañía le permite la inclusión de dos gravámenes.
La obligación de refacturar la luz del último trimestre del año figuraba en un auto que se publicó a finales de diciembre y que el Ejecutivo reciíén llegado no quiso cumplir (unos 160 millones de euros).
Ya en enero, Industria optó por congelar la luz sin, a la vez, elevar los techos legales del díéficit (las cantidades que los superen no se pueden titulizar y se han de repercutir directamente en la tarifa), lo que se tradujo en un desfase de casi 3.000 millones y en un nuevo recurso contencioso-administrativo de las elíéctricas ante el Supremo, que optó por obligar a una refacturación que va a suponer fuertes subidas de un recibo que engorda día tras día y al que le espera un nuevo mazazo: el de los impuestos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy va a aplicar a la venta de energía y que afectará a todos los generadores.
Estas medidas, que se esperan desde hace semanas, podrían ser aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes. Fuentes políticas aseguran que el retraso se debe a las presiones que están ejerciendo los bancos y los fondos americanos para evitar el default de muchas instalaciones renovables, muchas de las cuales financian y están fuertemente apalancadas.
Tambiíén hay quien asegura que el retraso se debe a las diferencias entre los Ministerios de Hacienda e Industria.
Las cifras
29 millones de puntos de suministro deberán pagar los 1.400 millones que el Supremo ha exigido abonar a las elíéctricas en apenas cuatro o cinco meses.
17% es el porcentaje en que se incrementaron los peajes de acceso solo por esa deuda, cuyo pago aprobó el Gobierno en abril.
21% es el nuevo IVA para la electricidad que entra en vigor en septiembre.
Las pequeñas distribuidoras devuelven 33 millones
La primera fase de la reforma energíética, como la denominó el Gobierno, fue aprobada el pasado 30 de marzo y consistió, esencialmente, en un recorte de los ingresos de las distribuidoras elíéctricas (690 millones de euros) y en una fuerte subida de las tarifas. Sin embargo, este tarifazo no respondía a reforma alguna, sino a la obligación del Ministerio de Industria de cumplir dos autos del Supremo en los que el alto tribunal le exigía cautelarmente una nueva revisión de las tarifas desde octubre, pues las aprobadas en ese periodo no cumplían con la ley, tal como habían denunciado las elíéctricas.
Fuentes del sector opinan que el recorte de la retribución de la distribución fue una "clara venganza" del Gobierno contra las empresas por abusar de las vías judiciales. Pero, además de las cinco grandes distribuidoras, existen otras 500 pequeñas que se han visto envueltas en medio de una batalla entre el Gobierno y las de Unesa. De hecho, aunque el recorte no estaba previsto para ellas, finalmente tambiíén de les aplicó, pese a que su situación es muy diferente. Industria temía que, de no incluirlas a todas, las elíéctricas tradicionales argumentasen discriminación en un posible recurso, como han hecho en otros pleitos. Por ejemplo, en el que presentó y ganó Iberdrola contra la obligación de ella y sus competidoras de pagar el bono social o el que mantienen asimismo contra la financiación del díéficit de tarifa.
Fuentes de una de las asociaciones que integran a la mayoría de las pequeñas, CIDE, aseguran que el recorte ha obligado a estas a devolver 33 millones de euros de la retribución obtenida en el primer cuatrimestre del año del año. Además, para algunas, el recorte les ha supuesto la mitad de su retribución. Tambiíén las grandes se han visto obligadas a la devolución de parte de los ingresos recibidos hasta que se aprobó el recorte.
El ministerio les ha prometido que en octubre aprobará el nuevo modelo de retribución, que lleva gestándose desde hace años.
