A cara descubierta. Los operadores energíéticos han hecho públicas esta semana sus críticas a la reforma del sector energíético que pretende llevar a cabo el Gobierno. Los dos bloques enfrentados, por un lado las elíéctricas convencionales y por otro las últimas tecnologías renovables, han tensado la cuerda por cada extremo hasta provocar que por tercera semana consecutiva se aplace la solución sobre el díéficit de tarifa. Sigue pendiente de concreción cómo será el reparto de ese sacrificio entre ambas partes que pretende imponerse, como única solución factible a corto plazo, a golpe de impuestos.
La discusión, como siempre, es por una cuestión de dinero, es decir, de cuenta de resultados. Falta decidir quíé tecnologías deben asumir la parte mollar de los 1.600 millones de euros que Industria pretende ahorrar vía impuestos a la facturación. Y mientras el Gobierno recula semana tras semana, dividido entre Sorias y Montoros, es decir, entre una tasa heterogíénea según la tipología del productor o una homogíénea que grave a todos por igual con el mismo porcentaje, los principales prebostes del negocio energíético no han dudado en aclamar a Mariano Rajoy públicamente para que ejerza de juez.
El pasado miíércoles, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con motivo de la presentación de los resultados semestrales, no tuvo reparo en descalificar al ministro Soria y apelar al raciocinio de Rajoy para salvar la injerencia de Hacienda en la reforma energíética diseñada por Industria. El ejecutivo salmantino repartió a diestro y siniestro: “Si lo que quieren es tener paradas centrales que gastan poco para mantener otras que reciben subvenciones de entre 8.000 y 10.000 millones… Espero que se corrijaâ€, en clara referencia a las termosolares de Abengoa, Acciona y ACS.
Y íésta no es la primera amenaza velada que sale de las grandes elíéctricas. Como publicó este diario, Iberdrola y Endesa tambiíén se plantean no solicitar la ampliación de la vida útil de la central nuclear de Garoña hasta 2019, como preveía una reciente orden ministerial. Si ese requerimiento no se produce, la instalación dejará de producir electricidad en julio de 2013. La decisión -en la que pocos en el sector creen- supondría toda una vuelta de tuerca. No en vano Garoña, desahuciada por Josíé Luis Rodríguez Zapatero, afrontaba una segunda vida con el cambio de gobierno.
Esta semana cada cual ha tensado la cuerda desde su extremo. La propia Acciona, de manera algo más sucinta, aprovechó tambiíén su cita trimestral con el mercado para anunciar que "no habrá más inversiones en renovables en España" por culpa de la incertidumbre reguladora. Con 155 MW todavía en construcción en suelo nacional, entre termosolar y eólico, el presidente Josíé Manuel Entrecanales no aludió a fundamentos empresariales, como la actual sobrecapacidad del sistema elíéctrico español, donde la oferta instalada dobla casi la demanda real, para justificar su decisión.
Y mientras la decisión se demora, los inversores siguen castigando en bolsa a todos los implicados. Moody´s rebajó hace sólo un mes la calificación de la deuda de Iberdrola a dos escalones del bono basura, umbral en el que ya estaban sus compañeros de viaje en esta guerra, como son Endesa y Gas Natural-Fenosa. Pero tampoco se libran del bando renovable, ya que esta misma semana, Fitch degradó más el rating de Abengoa, al que ha rebajado hasta B+ dentro ya de la categoría de non investment grade. Aún así, ante la falta de consenso, nadie hace por desbloquear la reforma.
Como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en el caso de Portugal, al que sólo afea sus actuaciones en el ámbito energíético para cumplir con el programa de ajustes impuesto tras el rescate, los obstáculos que impiden sacar adelante la reforma del sector obedecen a la cantidad de intereses que se mueven en el mismo y al poder de los lobbies que entran en juego. En un contexto de crisis, en el que el desajuste del díéficit es imposible de mantener, el mandato para desarrollar un sistema sostenible choca con "intereses creados" y con distintas "sensibilidades políticas".
