Uno de los principales indicadores de la sostenibilidad del sistema de pensiones es su tasa de dependencia (afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista). Esa ratio está en 2,42, el nivel más bajo desde 2002. Pero un cálculo estricto que relacione solo los cotizantes ocupados con el número de pensiones, en lugar de pensionistas, desploma la tasa al 1,9, lo que hace saltar todas las alarmas de los expertos.
Cada día que pasa hay menos cotizantes para financiar las pensiones y más número de pensionistas y de prestaciones que pagar. Y esto es un grave problema. De hecho es la situación más preocupante a la que se puede enfrentar cualquier sistema de Seguridad Social de reparto -como es el español- en el que los ciudadanos en activo costean las prestaciones de los trabajadores que se jubilan y el resto de pensiones contributivas (incapacidad, viudedad y orfandad).
Según la mayoría de los expertos un sistema de reparto está saneado financieramente y es sostenible en el tiempo cuando la tasa de dependencia arroja una cifra en el entorno de 2,5 cotizantes por cada pensionista; y se habla de condiciones óptimas de viabilidad financiera a partir de una tasa de 3. España llegó a tener 2,7 en 2007.
En España, la cifra oficial que baraja el Ministerio de Empleo está en el 2,4. Si bien en esta ratio se contabilizan como cotizantes los 2,7 millones de desempleados por los que el Estado cotiza durante el tiempo que cobran prestación. Sin ellos, la tasa del sistema español caería al 2, rozando el límite de sostenibilidad.
Es más, si esta tasa se elabora poniendo en relación el número de cotizantes con el número de pensiones que se abonan (no de pensionistas) la situación es aún más preocupante, porque cerca de un millón de beneficiarios cobran más de una pensión. En julio había 17.031.738 afiliados cotizando y se abonaron 8.918.804 pensiones. Así, España ya cuenta con menos de dos cotizantes (1,9) para pagar cada pensión existente.
Pero el hecho de que el sistema español de Seguridad Social cuente con lo que se denomina caja única (el Estado recauda las cotizaciones y paga las pensiones por igual independientemente de donde se resida), hace que las diferencias territoriales de esta tasa de dependencia sean solo indicativas y no afecten a la financiación del sistema.
De no existir la caja única, la financiación de las pensiones en algunas comunidades como Asturias o Galicia, con tasas de dependencia cercanas al 1, sería ya inviable. Incluso, la provincia de Orense atravesaría una situación de absoluta quiebra tíécnica porque abona más pensiones que los cotizantes que tiene (con una tasa de dependencia del 0,93).
Esta situación de desigualdad tiene una explicación que, por otra parte, es insalvable: muchos trabajadores que en activo viven en comunidades más dinámicas económicamente como Cataluña o Madrid, cuando se jubilan vuelven a sus provincias de origen en otras comunidades donde figuran como pensionistas. De ahí la importancia de mantener la caja única.
